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Reconociendo que tras el paso del huracán María se ha dejado atrás una isla que se recupera lentamente y todavía sufre escasez de utilidades básicas como el servicio de agua y electricidad se entiende que los parámetros esbozados en el plan fiscal aprobado por la Junta de Gobierno no podrán ser alcanzados.
El 9 de marzo la Universidad de Puerto Rico deberá presentarle a la Junta de Control Fiscal un plan fiscal que se adapte a las recomendaciones emitidas el 21 de agosto de 2017. Este será presentado ante la Junta Universitaria el 7 de febrero para que este cuerpo evalúe y haga las recomendaciones que estime necesarias. Sin embargo, Senados Académicos como el de Humacao, Mayagüez y Cayey se han expresado en contra de un plan fiscal que no contemple su insumo e insista en un aumento al costo de matrícula.
Así mismo, la Confederación Estudiantil Nacional (CEN) puntualiza varias problemáticas que contiene el plan basándose en el aprobado en agosto. Destaca que al momento de hacer un estimado de los ingresos que iba a producir un aumento en matrícula a $115 dólares el crédito en estudios subgraduados y hasta un cien por ciento de aumento para las escuelas graduadas, se basa en una matrícula de sobre 60 mil estudiantes. Igualmente, se indica que habrá acuerdos entre agencias públicas y privadas, desarrollo del proyecto de cannabis medicinal, la contribución por concepto de tablillas, marbetes o universidad virtual que parten de especulación, ya que no cuenta con un estudio de viabilidad que respalde una proyección de ingresos suficientes para mitigar el impacto de los recortes.
Sin embargo, se reconoce que el Puerto Rico actual no permite que estas condiciones cumplan como se esbozan dentro del plan, sino que se establece como una visión optimista de distintas iniciativas. Actualmente, las admisiones en el sistema UPR ha tenido una merma considerable e incluyendo a las 1,419 bajas certificadas hasta el 10 de diciembre se establece que no se recaudará la cantidad de $100 millones que ha esperarse. En cuanto a la educación a distancia; tanto la inestabilidad de la infraestructura como la falta de andamiaje y cultura institucional que lo habilite a corto y mediano plazo suponen retos en su implementación. Esto incidiendo sobre los recaudos proyectados por esta modalidad de educación.
Además, en conversaciones con el representante graduado Gilberto Domínguez Escalera se indica que el cuerpo administrativo aún no ha hecho acercamientos para entablar acuerdos con agencias públicas o privadas, o dado seguimiento a las iniciativas indicadas anteriormente. Es por esto por lo que la CEN cuestiona la operacionalización y sostenibilidad de las propuestas que el Plan Fiscal esbozó en el pasado y que, seguramente, la nueva versión regirá por las mismas premisas una vez sea sometido nuevamente para el escrutinio de la comunidad universitaria y el país. Invitamos a la administración y comunidad en general a concretar un plan fiscal que responda a las realidades del país en cumplimiento con la misión y visión de la UPR.
