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La Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (Appu) y la Hermandad de Empleados Exentos No docentes (Heend) exigieron a la administración que divulgue de inmediato el Plan Fiscal de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y que se salvaguarde la permanencia del sistema como un servicio público esencial del pueblo.
El presidente de la Heend, José J. Torres Rosario, y el de la Appu, José R. Rivera Caballero, calificaron de insostenible el proceder del presidente interino de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Darrel Hillman Barrera, quien en una carta circular solicitó que se presenten propuestas por correo electrónico. Además, dijo públicamente que el documento se discutirá ante la Junta Universitaria «tan pronto esté listo». Ese ente tiene pautado una reunión el 7 de febrero.
«Cómo vamos a enviar propuestas si no hemos visto el documento. Nos parece antidemocrático y una falta de transparencia en la gestión pública el que no se divulgue el Plan Fiscal a la comunidad universitaria. Si verdaderamente quieren que se discuta por los universitarios tienen que difundirlo ya porque apenas queda un mes antes de lo entreguen a la Junta de Control Fiscal», declaró Torres Rosario.
«Mientras Hillman invita a la comunidad universitaria a discutir el plan, el mismo permanece en los cuartos oscuros de la Junta de Control Fiscal y de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF). Ello en clara violación a la autonomía universitaria y poniendo en riesgo el cumplimiento los estándares de acreditación de la Middle States Commission of Higher Education (MSCHE). Esta acción es evidencia muy clara de los intentos del Gobierno de imponer cambios a la UPR sin contar con la participación de la comunidad universitaria», denunció, por su parte, Rivera Caballero.
Ambos exigieron que el plan fiscal salvaguarde la permanencia del sistema UPR como servicio público esencial, que garantice a los estudiantes que la oferta académica será cumplida y que provea condiciones laborales adecuadas a los empleados.
Los dirigentes de la Appu y la Heend indicaron que el Plan Fiscal de la UPR tendrá que responder cómo lograr las asignaciones presupuestarias necesarias para reponer las plazas perdidas, hacer las aportaciones patronales al Sistema de Retiro que mantenga su solvencia, mantener un ambiente de trabajo saludable y hacer un plan para mejorar las condiciones de trabajo de los docentes sin plaza, quienes reciben salarios más bajos y sin beneficios comparados a sus pares. Además, la reestructuración académica y administrativa no puede ser impuesta desde afuera; la mismo requiere un proceso participativo y pensado que no arriesgue las acreditaciones ni cree inestabilidad.
«La Junta Universitaria tiene ante sus manos el rol histórico de defender la Universidad pública logrando las enmiendas o rechazando lo que conduce a la aniquilación de la Universidad», señaló el presidente de la Appu.
«El Plan Fiscal de la UPR parece que seguirá los lineamientos del plan del gobernador (de 24 de febrero) con recortes importantes a la inversión del gobierno en la salud y la educación fundamentándose en una política de austeridad que llevará a profundizar aún más la crisis económica y fiscal del país. Parecen no haberse enterado de la realidad del pueblo después de los huracanes», puntualizó Torres Rosario.
Los portavoces afirmaron que el gobernador propone una reducción anual de la inversión pública en el Sistema UPR de $588.2 millones en cinco años, para un total de $788.2 millones tomando en cuenta el recorte de $200 millones que se impuso en el presupuesto actual. Esto significa una reducción desmedida de más del 50 por ciento de la inversión pública en la principal universidad del país, que pone en peligro la existencia misma de la universidad pública en Puerto Rico.
«La comunidad universitaria ha denunciado consistentemente las consecuencias nefastas de esta política de reducción de la inversión pública en la educación y en el Sistema UPR en particular. El debilitamiento de la universidad pública contribuirá a agudizar aún más la grave crisis económica que atraviesa el país», manifestó el presidente de la Heend.
Plantearon que esa política de debilitar la UPR llevaría al supuesto erróneo que encamina el gobierno de imponer un modelo universitario financiado principalmente por el sector privado a un costo muy alto como el que predomina en los Estados Unidos que ha llevado a que sus estudiantes universitarios sean el grupo de individuos con la deuda personal más alta del planeta, una deuda estimada en $1.3 trillones. Puerto Rico no puede enfrentar algo así.
Los portavoces hicieron una exhortación a la comunidad universitaria a exigir transparencia y esbozar estos argumentos en el correo electrónico provisto por la institución: presidente@upr.edu y que firmen la petición en: Change.org bajo «Escríbele al Presidente y Junta Gobierno sobre lo indispensable para la defensa de la UPR».
