Ante los reclamos por parte de los proveedores de salud en torno al trato que reciben por parte de las aseguradoras en Puerto Rico, el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Ángel «Chayanne» Martínez Santiago, realizó ayer jueves, una vista pública para conocer los motivos que han dado paso a dicha práctica.
A través de la Resolución del Senado 360, se pretende investigar las alegadas prácticas de las compañías aseguradoras de incumplir con los contratos con los proveedores de salud al no pagar las tarifas acordadas, enmendar unilateralmente los contratos con los proveedores de servicios de salud y cancelar los mismos sin causa justificada.
En su exposición de motivos, la medida detalla que «Puerto Rico ha sufrido un éxodo de profesionales a un ritmo acelerado y preocupante, principalmente la clase médica, que ha reflejado una reducción de 36% en los pasados 10 años».
«La experiencia demuestra que ciertas compañías aseguradoras incumplen con aquellos acuerdos negociados con los proveedores y en ocasiones, justifican tal incumplimiento utilizando como subterfugios programas de calidad establecidos unilateralmente por la misma compañía aseguradora, o invocando que las agencias reguladoras de los programas de salud del Gobierno Federal han establecido tales políticas», destacó en su ponencia, Mario Prieto, asesor legal del Sistema de Salud Menonita.
Según la Administración de Seguros de Salud (ASES), en este momento no imponen tarifas para los servicios y procedimientos ofrecidos a los pacientes. Sin embargo, sí podrían establecer parámetros mínimos y/o máximos de tarifas, siempre y cuando cumplan con las regulaciones federales aplicables.
Por otra parte, la senadora Rossana López León reiteró que existen múltiples fallas en el sistema que están incidiendo en que los proveedores de salud estén buscando mejores oportunidades de trabajo fuera del país. Entre las principales causas destacó; la falta de incentivos económicos, carencia de sistema de transportación efectivo para los pacientes, poca accesibilidad a servicios médicos y medicamentos, atrasos en procesos de cobros por servicios prestados y la falta de fiscalización a las aseguradoras.
En adición, enfatizó que el que no pague a la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM) no tendrá contrato con el Gobierno. No empece a ello, ASEM aseguró mediante carta que el balance de Cuentas por Cobrar de Planes Médicos al 31 de enero de este año es de $25,663,485. Según las agencias no existen querellas sobre el particular.
En la vista, además de escuchar las ponencias de los diferentes sectores, se llevó a cabo una discusión sobre posibles soluciones al problema. El senador Carlos Rodríguez Mateo acotó que hay que ser más estrictos con la aplicabilidad de las leyes para poner en función los motivos por las cuales fueron creadas. A su vez,advirtió que luego de escuchar las ponencias, si entiende que existen irregularidades en el proceso las va a estar sometiendo al Departamento de Justicia y al Gobierno federal, ya que se trata de fondos federales.
Finalmente, Martínez Santiago concluyó, que como punto de partida, debe haber mayor uniformidad en el proceso de reclamaciones, limitar los poderes de negociación de las aseguradoras de salud y acortar el término de 30 días para que las aseguradoras de salud emitan el pago a los proveedores.
La Comisión de Salud realizará otra vista pública en abril para continuar evaluando la medida.
