Desde la aprobación del Programa de Pre-retiro Voluntario en el 2015 en la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) se acogieron al mismo 162 empleados, se eliminaron 150 puestos de trabajo pero se proyectan ocupar 12 puestos. Por lo tanto, el ahorro neto proyectado para el 2031 es de $10,329,646.02
Así lo reveló, hoy mediante ponencia, el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Carlos Contreras Aponte, en vista pública de la Comisión de Hacienda del Senado que preside la senadora Migdalia Padilla Alvelo. En dicha audiencia se evaluaron las Resoluciones del Senado 252 y 570 las cuales encomiendan a dicha Comisión investigar la efectividad de la Ley del Programa de Pre-retiro Voluntario (Ley 211 del 2015), los empleados que se acogieron a la misma, ahorros alcanzados y proyectados, nuevos reclutamientos, así como la cantidad de puestos vacantes y eliminados.
Según la ponencia de Contreras Aponte el plan sometido ante la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) fue aprobado por lo que para el 30 de junio de 2017 el primer grupo de empleados (131) se acogió a este Programa. Mientras, que para fines del año pasado se acogieron 31 adicionales.
Por su parte, la secretaria auxiliar de la División de Asuntos Legales del Departamento de Hacienda (DH), Marilyn Cruz Vargas, informó que la OGP no autorizó a dicha agencia a proceder con el Plan de Pre-Retiro.
«No se autorizó al Departamento a proceder con el Plan de Pre-Retiro. Cabe señalar que el secretario de Hacienda (para ese entonces, Raúl Maldonado) presentó la solicitud con su posición favorable de participación a la OGP para su evaluación y determinación. Para esa solicitud se completó un estudio sobre las economías que podría brindar a Hacienda el que se le permitiera participar de dicho programa, por lo que desconocemos las razones particulares en las cuales descansa la denegatoria de participación», indicó la licenciada Cruz Vargas en una ponencia.
«No obstante, reconocemos la autoridad delegada en la OGP para autorizar o denegar las peticiones de participación realizadas por las distintas agencias», indicó la representante de Hacienda.
Se desprende de la Resolución del Senado 252, de la autoría del vicepresidente del Cuerpo, Larry Seilhamer Rodríguez, que con la aprobación de esta ley hace tres años se pretendía que cada empleado que se acogiera al Programa recibiría una compensación del 60 porciento de su retribución promedio hasta alcanzar 61 años, la liquidación del pago de licencias de vacaciones y enfermedad así como el pago de la contribución patronal al seguro social-medicare-plan médico por un tiempo de dos años. También, las aportaciones patronales e individuales al Sistema de Retiro a base del 100 porciento de la retribución promedio.
Por otra parte, con la Resolución del Senado 570, presentada por la senadora Padilla Alvelo a través de la cual se pretende analizar dicha ley. En este caso, se pretende conocer cuál ha sido el impacto en todas las agencias, departamentos, oficinas, comisiones, juntas, administraciones, organismos y demás entidades gubernamentales del gobierno cuyo presupuesto se sufraga, en todo o en parte, con cargo al Fondo General. Están incluidos los municipios, las agencias con fondos especiales estatales, las corporaciones o instrumentalidades públicas o público privadas que funcionen como empresas o negocios privados con sus propios fondos (excepto, las que tengan sus propios sistemas de retiro) y la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (AEELA).
