Los líderes del Partido Popular Democrático (PPD), Ángel «Tito» Fourquet, Yaramary Torres y José «Cheito» Rivera, exigieron hoy a la contralora, Yezmín Valdivieso y a la directora ejecutiva de Ética Gubernamental (OEG) Zulma Rosario, acción hasta las últimas consecuencias contra las personas implicadas en el supuesto esquema de empleados fantasmas en el Capitolio.
«Mientras las agencias fiscalizadoras del gobierno continúen haciéndose de la vista larga y no demuestren que los hallazgos de sus investigaciones, auditorías o evaluaciones tendrán repercusiones, esta administración no tendrá credibilidad ante el país. La inacción de las agencias responsables de fiscalizar a líderes del partido de gobierno y el sentido de impunidad tan burdo, lamentablemente han dado paso a que sólo se tome en serio aquellas investigaciones que provienen de entidades federales», expresó Fourquet Cordero
Añadió que la respuesta del presidente de la Cámara, Carlos «Johnny» Méndez, en vez de despejar dudas crea suspicacia cuando se desvincula de las acusaciones en lugar de hacer los referidos correspondientes a la OEG, Oficina de la Contralora y al Departamento de Justicia.
«Es hora de que el pueblo sepa qué ha hecho la Contralora respecto a las declaraciones juradas que imputan empleados fantasmas y las irregularidades surgidas con los contratos de International Legislative and Government Consulting Group (LGCG) de Isoel Sánchez con la Cámara de Representantes y de Global Instant Consulting (GIC) de Chrystal Robles con el Senado», dijo Yaramary Torres.
La líder explicó que la Sección 22 del Artículo III de la Constitución de Puerto Rico dispone que el contralor fiscalizará todos los ingresos, cuentas y desembolsos del Estado, de sus agencias, instrumentalidades y los municipios para determinar si se han hecho de acuerdo con la ley y exigió respuestas sobre el aparente «esquema de corrupción que lacera la imagen y credibilidad del cuerpo legislative» .
De otra parte José «Cheito» Rivera, pidió una investigación seria a Zulma Rosario y solicitó que explique las conductas antiéticas derivadas de los contratos de Isoel Sánchez, Chrystal Robles y otros posibles empleados fantasmas amparado en que desde el comienzo del escándalo la OEG tiene declaraciones juradas que exponen un patrón por parte de los presidentes de la Cámara de Representantes y el Senado pero se desconocen las determinaciones que se tomaron al respecto.
«Exigimos a Zulma Rosario Vega, que cumpla su deber ministerial e informe al pueblo cuál fue su determinación respecto a la información que surgió de las declaraciones juradas que llegaron a su oficina sobre la conducta ética de los presidentes de la Cámara y el Senado en la otorgación de estos contratos, los trabajos realizados y los posibles empleados fantasmas. De igual forma, hacemos un llamado a Ricardo Rosselló a que no continúe respaldando este tipo de conducta sin que haya repercusiones, porque le están llevando un mensaje muy peligroso al país sobre el sentido de impunidad ante posibles violaciones de la ley», sostuvo Rivera Madera.
La solicitud de los aspirantes populares surge tras la denuncia de Hiram Delgado, un exempleado del renunciante representante de Humacao, Samuel Pagán, que testificó que el presidente de la Cámara, Carlos «Johnny» Méndez, tenía un empleado fantasma en la oficina de Pagán y que el supuesto trabajador prestó un sistema de sonido a Méndez y al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, durante sus campañas bajo el entendido de que si ganaban las elecciones le pagarían el favor con un contrato de servicios profesionales.
