La representante por acumulación por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molinelli volvió a reclamar hoy a la Comisión de Pequeños y Medianos Negocios y Permisología de la Cámara de Representantes que lleve a cabo vistas públicas sobre un proyecto que enmienda las leyes que regulan los procesos de permisos y que se pretende aprobar esta misma semana sin la debida consideración.
El pasado viernes, la legisladora envió esta petición al presidente de la Comisión, Jessie Cortés Ramos, tras recibir una convocatoria a una Sesión Pública de Consideración Final, que se llevará a cabo mañana martes, 17 de mayo, a las 10:00 a.m. Su solicitud fue denegada mediante carta en la mañana de hoy. «Esa citación nos tomó por sorpresa porque hasta ese mismo día no sabíamos que se estaba trabajando en un proyecto que sustituye otras cuatro medidas (PC 549, PC 688, PC 916 y PS 122) y que hace enmiendas sustanciales a la Ley 135-1967, Ley de Certificación de Planos y Proyectos, y a la Ley 161-2009, Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico. Estas leyes son precisamente las que están al centro de muchos de los casos de permisos ilegales y de destrucción ambiental que hemos estado denunciando. Claro que necesitan enmiendas, pero lo que se está proponiendo no resuelve los serios problemas que hemos identificado», alertó la portavoz del MVC en la Cámara.
Entre los puntos preocupantes de la medida, Nogales Molinelli destacó lo relativo a los Profesionales Autorizados que son contratados por los proponentes de un proyecto para que certifiquen su cumplimiento con las leyes y reglamentos, sin que un funcionario público así lo confirme. «En muchas de las denuncias que hemos hecho, un Profesional Autorizado hizo una certificación que, en el mejor de los casos, omite circunstancias que ponen en duda su determinación y, en el peor, le miente descaradamente a la agencia, como ocurrió con la piscina en Rincón. Ahora se establece que ese permiso debe ser expedido en dos días. Además, se excluye a los geólogos y los planificadores profesionales de los Profesionales Autorizados que pueden hacer este trabajo, dejando solo a los agrimensores e ingenieros. O sea, limita ese privilegio precisamente a las clases de profesionales de donde provienen quienes han abusado de él. Debemos aprovechar esta oportunidad para eliminar esa figura y ordenar una revisión de todos los casos en los que intervino un Profesional Autorizado», afirmó.
Nogales Molinelli rechazó el argumento de Cortés Ramos de que la medida ya ha recibido suficientes comentarios tanto del sector público como privado. «La primera de las medidas sustituidas, el PC 549, nunca tuvo vistas públicas. Para las otras, del sector público, participaron la Oficina de Gerencia de Permisos, el Departamento de Desarrollo Económico y el Departamento de Recursos Naturales, que ya sabemos para lo que sirven. Además, se le proveyó espacio a múltiples representantes del sector empresarial, entre ellos, la Asociación de Industriales y la Asociación de Constructores. Pero no vemos en la lista ni una sola organización o individuo que represente a profesionales de la planificación, de la conservación o de las ciencias naturales. Así no se puede evaluar responsablemente una medida que afecta, no sólo la facilidad para hacer negocios, sino cada aspecto de la vida en este archipiélago, incluyendo la salud de la gente y de los recursos naturales», afirmó.
Nogales Molinelli también indicó que, en vistas públicas previas, percató de la falta de participación real del sector de pequeños y medianos comerciantes. «Comparecen representantes de organizaciones que dicen velar por los mejores intereses de los negocios pequeños pero la realidad es que, cuando una les pregunta no pueden mencionar ni uno. Por eso es que el proceso de permisos responde a las necesidades de quienes buscan enriquecerse a costa del ambiente y del bienestar de la gente, mientras deja de lado al que quiere abrir una barbería, hacer bizcochos o montar una oficina profesional. En esa línea, esperamos que la Comisión recapacite y provea el espacio que estamos solicitando tanto para la participación del sector de pequeñas empresas como de organizaciones y expertos en planificación y protección ambiental», concluyó.
