Con el propósito de encontrar soluciones y mejorar la calidad de vida de los residentes de las comunidades Villa Nevares, University Gardens y Jardines Metropolitanos, la Comisión para el Desarrollo y la Fiscalización de Fondos Públicos de la Ciudad Capital realizó una vista pública para investigar los trabajos de limpieza, dragado y canalización del río Puerto Nuevo.
A la audiencia pública participaron organizaciones de las comunidades antes mencionadas quienes exigieron que se fiscalice las agencias del Gobierno, el Municipio de San Juan (MSJ), así como las agencias federales.
La comunidad de Reparto Metropolitano, representada por Xiomara Rodríguez reclamó al MSJ y a las agencias pertinentes tomar acción para así evitar las inundaciones.
“Las quebradas muy pocas veces se han salido de su cauce. Ha sido el colapso y la falta de mantenimiento del sistema de alcantarillado por parte del Municipio de San Juan lo que ha ocasionado las inundaciones”, mencionó Rodríguez.
Rodríguez, además, denunció la falta de participación por parte del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) en reuniones, solicitudes de información o necesidades de la comunidad.
“La renuncia del DRNA a su deber ministerial ha relegado a las comunidades de Reparto Metropolitano a un proceso injusto y atropellado de expropiación y relocalización a mano del Cuerpo de Ingenieros que ha carecido de sensibilidad y transparencia al llevarlo a cabo”, afirmó.
Por otro lado, el catedrático del Departamento de Ciencias Ambientales de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Río Piedras, Jorge Ortiz Zayas, destacó que actualmente hay un proyecto de canalización del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos que busca proteger la vida y propiedad de los habitantes y comercios hoy asentados en el valle inundable de Río Piedras.
Ortiz Zayas opinó que, a pesar de que el proyecto en proceso será una gran obra de ingeniería y los cambios ambientales positivos ya integrados en su diseño, afectará significativamente el ecosistema del río Piedras y contribuirá a su deterioro.
Por otro lado, Reyes Rodríguez, de la organización de Guarda Río, resaltó que se considere adoptar un enfoque multidisciplinario y participativo en la búsqueda de soluciones para las comunidades afectadas.
“La canalización de un río urbano no es una intervención meramente ingenieril, sino que tiene profundas implicaciones ecológicas, sociales, económicas y culturales que deben ser abordadas desde una perspectiva integral”, sostuvo Rodríguez, quien exhortó a que se rediseñe el proyecto de canalización del río Piedras.
Asimismo, mencionó que, hasta la fecha de hoy, el MSJ no ha proporcionado información detallada sobre su posición frente al proyecto de canalización, ni ha facilitado espacios adecuados para que las comunidades puedan expresar sus preocupaciones y propuestas directamente a los funcionarios municipales.
“No tenemos conocimiento de los esfuerzos significativos por parte del municipio para evaluar críticamente el proyecto y considerar alternativas más sostenibles y participativas. Las comunidades no sienten que el municipio los está considerando en la toma de decisiones”, expuso el portavoz.
“La comunicación interagencial es seria. El MSJ no ha asumido alguna responsabilidad en cuanto a este proyecto”, agregó.
La portavoz de Amigos de Puerto Nuevo por la Cuenca (APNC), Susanna Kinard, manifestó que, basado en las experiencias de los ciudadanos con los trabajos de limpieza, dragado y canalización, se debe desarrollar una estructura de comunicación transparente, inclusiva, horizontal y consistente con las comunidades. “Que se respete y valore la función fiscalizadora de supervisión de las comunidades en sus espacios particulares, con una comunicación que trascienda de cada contrato a una visión total del río”, requirió.
También, destacó que es necesaria la inclusión de programas de educación ambiental en escuelas dirigidos a fomentar, desde edad temprana, la responsabilidad hacia la protección y manejo adecuado de los recursos naturales.
En cuanto al proyecto de canalización, Kinard se opuso ya que no contempla alternativas actualizadas de diseño que sean adaptadas a una visión de desarrollo ecológico urbano y con una visión clara de ciudad de futuro. “Este (proyecto) no incluye alternativas para la captación de agua en época de sequías, entre otros”, dijo.
A los reclamos se unió la licenciada Graciela Belaval Bruno del Comité en Defensa del Río Piedras quien le pidió al MSJ que haga velar por el plan y que le exija al DRNA un cambio de visión del proyecto.
“Deseamos que este proyecto sea cónsono con uno de conservación de los recursos naturales que están vibrantes hoy en día en las riberas del río Piedras, entre la Sorbona y la Galileo, y nos protegen del ruido del expreso Las Américas, de los vientos huracanados y del sol cada día más intenso debido al calentamiento global”, señaló Belaval Bruno.
La licenciada apuntó, además, que “el MSJ ha dado signos de un giro en su visión del proyecto y no ha sido transparente”.
Por su parte, la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la UPR concurrió con las exigencias al señalar que en la ecuación de actores buscando soluciones faltan las propias comunidades, ya que han sido “consecuentemente excluidas” del proceso.
“En el caso específico de las comunidades afectadas por el proyecto de canalización del río Piedras, estas han sido claras en que su interés es participar desde los niveles más altos que incluyen la toma de decisiones. Las demandas están atadas a mayor calidad de vida y sentimientos identitarios”, aseguró la licenciada María Hernández Torrales en representación de la Clínica de Desarrollo Económico Comunitario.
Otras entidades que participaron de la audiencia pública fueron la Alianza por la Cuenca del Río Piedras, El Puente–Enlace Latino de Acción Climática, ECo, Para la Naturaleza, entre otras. Las instituciones gubernamentales pertinentes serán citadas para una próxima vista pública el 4 de abril, adelantó la comisión cameral.
“Esta Asamblea Legislativa está comprometida con escucharlos, canalizar sus preocupaciones y ver de qué manera, con acciones legislativas, concretamente podemos realizar sus deseos y convertirlos en realidad”, expresó el representante Héctor Ferrer Santiago, quien dirigió los trabajos como vicepresidente de la comisión.
