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La secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Carmen R. Guerrero Pérez, informó que tras un operativo de varios meses, ayer integrantes del Cuerpo de Vigilantes radicaron cargos contra seis violadores ambientales que extrajeron arena ilegalmente de las playas de Isabela.
La jueza Dinorah Martín Hau encontró causa probable para juicio contra cuatro de los seis, imputados, y los otros dos fueron citados para vista posteriormente, ya que se excusaron de comparecer por causa de enfermedad.
Guerrero Pérez indicó que las denuncias ocurrieron por hechos separados los días 20, 24 y 28 de febrero y el 4 de marzo en los barrios Bajuras y Guayabos, sector de la playa Pozo Brujo, ambos en Isabela.
Los acusados son: Arturo B. Meléndez Álvarez, Benjamín Román Jr., David Montalvo Rosado, Samuel Ríos Ramos, Wilson Arce Torres y Marisol Acevedo Cruz.
Las seis personas fueron denunciadas por violación del artículo dos de la Ley 132 de 1968 sobre las actividades y permisos de extracción, excavación y remoción de los componentes de la corteza terrestre (según enmendada), que establece que «ninguna persona, natural o jurídica, asociación o grupo de personas, departamento, agencia, corporación cuasi pública, municipio o instrumentalidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o de los Estados Unidos de América realizará excavaciones, extracciones, remociones o dragados de los componentes de la corteza terrestre en terrenos públicos o privados dentro de los límites geográficos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico sin obtener un permiso a esos fines del Secretario. Tampoco podrán exportarse componentes de la corteza terrestre excavados, extraídos, removidos o dragados en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sin la previa autorización del Secretario».
Los cargos que enfrentan hasta el momento los acusados son por delitos menores que conllevan penalidad de multa, cárcel o ambas. No obstante, la investigación continúa su desarrollo y se prevé la radicación de más cargos en los próximos días.
Los acusados aparentemente extraían la arena y la transportaban en sus respectivos vehículos para reventa o uso propio.
Los vigilantes encargados de la investigación son: Roberto C. Abreu Hernández y David N. Vargas Moya, de la Región de Aguadilla, y agentes federales del Servicio federal de Pesca y Vida Silvestre (USFWS).
«El procesamiento de este caso reviste de una importancia muy grande para el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, de la organización Vida Marina: Centro de Restauración y Conservación Costera, el Recinto de Aguadilla, de la Universidad de Puerto Rico y el Servicio federal de Pesca y Vida Silvestre (USFWS) debido a que es precisamente en la costa de Isabela donde estudiantes y profesores llevan siete años con un proyecto para recuperar las dunas que protegen esas playas», manifestó la titular.
«Agradezco profundamente la cooperación del doctor Robert Mayer, del vigilante Roberto C. Abreu Hernández, el sargento David N. Vargas Moya, el comisionado Ángel Cruz Medina y los agentes federales que han hecho posible la radicación de estos cargos para lograr detener estas acciones que dañan nuestras playas y amenazan la vida de especies en peligro de extinción como las tortugas marinas. Seguiremos trabajando incansablemente hasta que los responsables cese esta detrimental práctica contra nuestros valiosos recursos naturales», puntualizó Guerrero Pérez.
Por su parte, el doctor Robert J. Mayer, profesor del Recinto de Aguadilla de la UPR, explicó «esto es algo que viene pasando hace muchos años y yo estoy muy feliz de que por fin veo que se han logrado acciones concretas, también es evidencia de que el problema de extracción de arena en las playas es más grave. Es bien difícil cuantificar la cantidad de arena que se está extrayendo, pero es evidentemente que es mucha. El trabajo es mucho y arduo, estas playas son hábitat activo de anidación de tortugas marinas, es ciertamente alarmante y queremos que se sostenga el esfuerzo para hacer la ley cumplir».
Ambos explicaron que la extracción de arenas en las playas es una acción que no solo impacta adversamente esos ecosistemas costeros y las especies, sino que atenta contra la seguridad de la ciudadanía especialmente en los pueblos costeros donde hay problemas de erosión costera que hace que el mar entre más tierra adentro y afecte a comunidades, comercios e industrias.
Mayer explicó que en los proyectos de restauración de playas se han invertido cerca de $200 mil que asigna el USFWS, unido a los fondos que también invierte la UPR y los voluntarios que puede alcanzar unos $60 mil anuales.
