El presidente de la Asociación de Empleados Gerenciales (AEG) de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), el licenciado José E. Ortiz Torres, advirtió que el Proyecto de la Cámara 1661, el cual ordena separar un 7.5 por ciento de las partidas dispuestas para gastos administrativos que provienen de primas que emiten los patronos en cumplimiento de la Ley 45 de 1935, mejor conocida como la Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, pone en riesgo las arcas de la CFSE.
Ortiz Torres, mostró preocupación por los compromisos económicos pasados y recurrentes impuestos a la CFSE mediante legislaciones para asuntos no relacionados con la salud, seguridad y tratamiento para rehabilitación de los trabajadores. Señaló, que ya existen leyes que destinan fondos de la CFSE para la educación especial, fondos para la representación legal, infraestructura municipal, estatal y al fondo general.
«La Corporación del Fondo del Seguro del Estado le ha servido además, de garante al desaparecido Banco Gubernamental de Fomento. Lo más preocupante es el empecinamiento de los legisladores en utilizar fondos de reserva, que están comprometidos para el cumplimiento operacional destinados al tratamiento médico en la rehabilitación y compensación a la incapacidad de los lesionados», manifestó.
Resaltó además, el compromiso de las arcas de la CFSE impuesto por el reciente sistema de retiro para los servidores públicos, mejor conocidos como el «Pay As You Go» que compromete a los fondos de la CFSE con un aproximado de $100 millones anuales, lo que según el hoy administrador Jesús Rodríguez Rosa de forma reiterada ha manifestado que coloca a la CFSE en déficit que rondaría los $50 millones.
«Espero escuchar la versión del administrador Jesús Rodríguez Rosa en férrea defensa de los fondos de reserva y operacionales de la CFSE, que ha sido su crítica bien fundamentada contra la pasada administración de gobierno y que ha manifestado para justificar el cierre de oficinas», esbozó.
El líder gerencial invitó a los legisladores a revisar su propuesta, ya que el ordenamiento legal que pretenden aprobar genera un menoscabo en los ingresos operacionales de la CFSE, al ordenar devolución de las aportaciones patronales por prima en caso de renuncias voluntarias de sus empleados, además de utilizar el fondo de reserva como garantía inicial a los pagos de mesada.
Ortiz Torres hizo un llamado a los legisladores a no ceder su espacio en defensa de los trabajadores por caprichos de la Junta de Control Fiscal, ente que no ha mostrado de forma responsable cómo la eliminación de Ley 80 sobre Despidos Injustificados ayudará en la inversión y el desarrollo económico de Puerto Rico.
Anticipó que de convertirse en ley el Proyecto de la Cámara 1661 impugnará su validez en los tribunales, debido a que, una vez los patronos privados depositan dinero en un fondo perteneciente y administrado por el Estado, esos fondos forman parte del erario público, y constitucionalmente no pueden ser usados para fines privados.
«Sufragar con fondos públicos provenientes de presupuestos gubernamentales, la compensación al despido injustificado, es socializar el abuso de discreción y autoridad a patronos en el sector privado con fondos públicos. Se trata de remediar con fondos públicos asuntos de empresas privadas, en su gran mayoría con fines de lucro. La jurisprudencia judicial ha sido reiterado sobre su invalidez», explicó.
Reiteró que la CFSE debe permanecer administrando su intención legislativa principal e instrumentando el ordenamiento constitucional y humano de promover la seguridad contra riesgos a enfermedades y accidentes en los centros de trabajo, así como ofrecer servicios de rehabilitación a los trabajadores lesionados para devolverlos a la brevedad posible a su vida productiva.
«Invito a los legisladores a fortalecer la compensación a los trabajadores incapacitados y no menoscabarla. La CFSE ha demostrado ser exitosa en su intención legislativa como fin social y económico, convirtiéndose en la referencia ideal como concepto para nuestro sistema de salud pública administrada por aseguradoras privadas, siendo éstas responsables de colocarlo en un estado crítico y precario», expresó.
Exhortó al gobierno a disipar la improvisación y mediante la política pública salvaguardar los intereses colectivos sobre los intereses individuales que apremia en estas circunstancias económicas y fiscales. Recomendó además, mediante enmienda a la Ley sobre Despidos Injustificados, incorporar el derecho a la reinstalación como alterativa a la mesada, cuando se declare que el despido fue injustificado mediante árbitros del Departamento del Trabajo en salas especializadas y a través de procedimientos sumarios para que se protejan ambos intereses, se estabilice el mercado laboral y por ende, la economía.
