Ante la polémica generada por los delegados (o cabilderos) congresionales por la estadidad Ricardo Rosselló Nevares y Melinda Romero Donnelly ante Casa Blanca luciendo cartelones de protesta, el representante popular Orlando Aponte Rosario, presidente de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara, radicó hoy la Resolución 534, para que dichos funcionarios electos rindan cuentas de su labor, toda vez que reciben salario y gastos reembolsables pagados por el Pueblo de Puerto Rico.
«Estas seis personas, Ricardo Rosselló Nevares, Melinda Romero Donnelly, Elizabeth Torres Rodríguez, Roberto Lefranc Fortuño, Zoraida Buxó Santiago y María Meléndez Altieri, deben rendir cuentas al País de sus planes y labores realizadas y de sus gastos. Cada uno de ellos nos cuesta $90,000 anuales más $30,000 en gastos reembolsables y sin límite de generación de ingresos privados», detalló el también abogado.
«Independientemente, y dejando a un lado los señalamientos de inconstitucionalidad por la delegación de poderes ‘ultra vires’ al Ejecutivo de dicha delegación, esta Asamblea Legislativa presupuestó grandes sumas de dinero para lograr el objetivo impuesto en dicha ley y hay que fiscalizar responsablemente es uso de fondos públicos», señaló Aponte Rosario.
El legislador señaló además que una encuesta digital realizada por un diario de circulación nacional (El Vocero de Puerto Rico), señala que el 81% de las personas participantes estiman que la labor de dichos delegados (o cabilderos) confesionales por la estadidad, es deficiente. «Se supone que todos ellos deben entregar un informe trimestral únicamente al Gobernador de Puerto Rico, pero desde la Asamblea Legislativa, entendemos que es importante que la ciudadanía conozca esa información tan pronto se radique», añadió Aponte Rosario. La medida, radicada hoy, pasa a la Comisión de Asuntos Internos para el proceso legislativo habitual.
