(SAN JUAN – martes, 2 de noviembre de 2021) El defensor interino de la Defensoría de las Personas con Impedimentos (DPI), Gabriel Corchado Méndez, vio con buenos ojos la aprobación en la tarde de ayer de una medida de la Cámara de Representantes, denominada Resolución Conjunta #186, que ordena al Departamento de la Familia (DF) crear un censo y un registro sobre las personas envejecientes, incapacitadas, encamados o con condiciones de salud apremiantes, en colaboración con los 78 municipios para, en caso de emergencias, inundaciones o fuerzas mayores, se pueda atender a estos ciudadanos con mayor prontitud.
«Para nosotros en la Defensoría de las Personas con Impedimentos es importante proveer servicios de manera eficiente, y examinando la medida de la autoría de la vicepresidenta cameral Lydia Méndez Silva, favorecemos que se haga una contabilidad precisa de dónde se encuentra esta población vulnerable para conocer sus necesidades y suplir lo necesario para ellos. Esto es particularmente importante en un país del Caribe, donde seis (6) meses al año estamos bajo temporada de huracanes», señaló el también CPA.
La medida fue aprobada ayer con 42 votos y ahora pasa el Senado para su posterior análisis. «Particularmente importante en esta medida es que se integra a los municipios en el proceso, ya que en los momentos de emergencias como tormentas, huracanes y terremotos, son la entidad gubernamental que más cerca están de las comunidades».
Durante el proceso de vistas públicas de la Resolución Conjunta #186, la DPI participó con una ponencia sometida al representante Luis ‘Narmito’ Ortiz Lugo, presidente de la Comisión para la Preparación, Reparación y Reorganización ante una Emergencia. «Nosotros endosamos la medida, haciendo la salvedad de que una persona incapacitada no es una persona con impedimentos, de acuerdo a lo estipulado en el Capítulo VII del Libro II del Código Civil de Puerto Rico. Exhortamos a los senadores que aprueben esta medida, y que eventualmente se convierta en ley con la firma del Gobernador».
En Puerto Rico se estima que poco más de 700,000 personas con impedimentos. «La Defensoría está para servirle a la comunidad y también para ayudar a las demás agencias del gobierno a entender la atención que debe recibir la población de personas con impedimentos», añadió Corchado Méndez. A su vez, exhortó a la comunidad de personas con impedimentos que puede comunicarse a sus oficinas al 787-725-2333 o al correo electrónico dpi@dpi.pr.gov si entienden que se le está violando algún derecho a una persona con impedimento.
