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La Asociación de Inspectores de Juegos de Azar (AIJA) recurrió al Tribunal de Primera de Instancia de San Juan para exigir copia de todas las certificaciones emitidas por el gobernador, o su representante, en las que se autorizan los contratos que ha otorgado la Compañía de Turismo de Puerto Rico en los últimos dos años.
La solicitud legal responde a la negativa de la gerencia de Turismo en hacer disponible los documentos, que son requerimientos indispensables para la adjudicación de contratos en corporaciones públicas y cuando el monto del contrato excede los $100 mil, según establece el Artículo 21 de la Ley de Sostenibilidad Fiscal (Ley Núm. 66).
La AIJA, a través de su presidente, Edgardo Lizardi Bonilla, incoó ante el foro judicial una petición de interdicto preliminar y permanente, acompañada de una solicitud de sentencia declaratoria y demanda de mandamus aduciendo que Turismo ha estado impidiendo la producción de esa información, lo que representa una violación constitucional.
«Las agencias públicas tienen el deber ministerial de dar acceso a información pública cuando es esencial y pertinente para revelar cómo se han estado administrando las finanzas de una corporación, máxime si hay un proceso de negociación colectiva», aseguró Orlando Vega López, vicepresidente de la AIJA.
Según el líder sindical, Turismo no está autorizada a otorgar contratos sobre $100 mil sin antes obtener una autorización del Primer Ejecutivo del país, lo que entiende no ha ocurrido, siendo una contravención a la ley.
La Ley 66 prohíbe «la contratación de servicios profesionales o comprados en Entidades de la Rama Ejecutiva en exceso de 100,000 dólares en un mismo año fiscal, sin autorización previa escrita del Gobernador, o la persona que este delegue. Cualquier contrato otorgado en incumplimiento de este requerimiento será nulo».
«A los trabajadores nos quieren imponer las regulaciones de la Ley 66, con recortes sustanciales a beneficios adquiridos, mientras los directivos de Turismo van por la libre concediendo contratos que no cumplen con las exigencias de austeridad que el gobierno aparenta haber impuesto», señaló Vega López.
En la demanda se presenta una lista de contratos adjudicados por Turismo entre 2013 al presente, en exceso de $100 mil, que ascienden a decenas de millones de dólares.
Vega López relató que, durante la negociación colectiva, su organización le ha requerido a los representantes de Turismo por la existencia de las certificaciones y la respuesta ha sido que dicha información es «totalmente impertinente» y que, alegan, no tienen la obligación de producirla.
«Sospechamos que esas certificaciones nunca fueron requeridas, previo a la otorgación de contratos, lo que los anularía. Turismo tiene que demostrar si ha cumplido con la ley», manifestó el dirigente gremial.
Agregó que «al negarnos los documentos públicos que solicitamos, nos privan de un derecho que nos cobija nuestro ordenamiento constitucional. No puede existir una democracia si no hay acceso a la información pública. Sin acceso a la información pública, no hay transparencia y sin transparencia, se violan nuestros derechos constitucionales», puntualizó.
Vega López recordó que el acceso a información pública es un corolario necesario al ejercicio de los derechos de libertad de palabra, prensa y asociación explícitamente consagrados en la Sección 4 del Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado.
«Venimos al tribunal para impedir la violación de un derecho fundamental que nos cobija y para declarar inconstitucional la determinación de Turismo de que las certificaciones de los contratos otorgados por ésta no se tienen que entregar. Tratándose de información de carácter público no hay justificación para no producirla», concluyó.
