El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) se expresó a favor del Proyecto del Senado 840 de la autoría de la senadora Zoé Laboy Alvarado que busca establecer la política pública del Gobierno de Puerto Rico con respecto al desarrollo de la Economía Colaborativa en Puerto Rico; establecer las obligaciones, funciones, facultades y la jurisdicción del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, a los fines de garantizar que se establezcan procesos adecuados para el diseño y la ejecución de una política pública que fomente el desarrollo de la Economía Colaborativa en Puerto Rico y establecer un Comité Interagencial para el Desarrollo de la Economía Colaborativa.
Según la Exposición de Motivos de la pieza legislativa, la Economía Colaborativa o Sharing Economy es un concepto relativamente nuevo que responde a cambios recientes en la manera que los consumidores adquieren y administran bienes y servicios. Este modelo abarca todo tipo de bienes y servicios compartidos o intercambiados, tanto para beneficios monetarios como no monetarios. La economía colaborativa cubre una gama de sectores e industrias, desde alojamiento (ej. Airbnb, Homeaway y, en Puerto Rico, Join a Join), consumo de alimentos (ej. Feastly), transportación (ej. Uber, Lyft, Sidecar), venta al por menor y bienes de consumo (ej. Tradesy, Neighborgoods), medios de comunicación (ej. Wix Earbits) y hasta entretenimiento (ej. Spotify, SoundCloud). A pesar de que el intercambio de bienes y servicios entre consumidores no es algo nuevo, la prevalencia del internet y el comercio electrónico ha provocado la creación de cientos de plataformas en el internet que facilitan y procesan estos intercambios.
De acuerdo con el licenciado Gabriel Maldonado principal asesor del DDEC, «al tratarse de una iniciativa contenida en el Plan para Puerto Rico, hemos estado inmersos en la discusión desde el principio de este cuatrienio para establecer un marco regulatorio claro, que permita un ambiente propicio y atractivo para el establecimiento de más empresas de esta industria emergente en Puerto Rico. Así seguiremos en la ruta de crear más y mejores empleos para nuestra gente», afirmó Maldonado.
El DDEC indica que un estudio realizado por la empresa PricewaterhouseCoopers estima que para el año 2025 la economía colaborativa representará unos $335 mil millones en ingresos anualmente. «Por tal razón, es imprescindible que garanticemos que la facilidad y la agilidad que brinda esta tecnología sea mas accesible a más puertorriqueños, proveyéndoles más oportunidades económicas a los dueños de un activo y más opciones al consumidor», enfatizo el principal asesor de la agencia.
Por su parte, el Presidente de la Junta de Directores de la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico (PRHTA, por sus siglas en ingles) Miguel Vega, enfatizó que la posición institucional de estos con relación a la Economía Colaborativa es una de apertura, pero basada en adoptar las mejores practicas reglamentarias de otros destinos. «No nos oponemos a las nuevas tendencias, pero la Economía Colaborativa no se puede promover en el vacío y en total menosprecio a las industrias y negocios establecidos. Tiene que existir una política pública clara que procure mantener un balance entre los negocios existentes y aquellas entidades que interesen participar de la economía Colaborativa», dijo.
Vega responsabilizó a estas plataformas de alojamientos a corto plazo de poder «empañar la buena reputación del destino al generar publicidad y una reducción en la calidad de producto y servicio, si no se reglamenta adecuadamente».
Ante lo antes expuesto sugirieron, entre otras cosas, subir el impuesto por ocupación de habitación («room tax») de los alojamientos suplementarios a corto-plazo del actual 7% al 15%. «El 7% actualmente es muy por debajo de otros destinos similares a Puerto Rico tales como: Anchorage, Alaska-12% USVI – 12.5%; y Santa Cruz County, California – 11%.
Así las cosas, la Asociación de Hoteles y Turismo, certificó que no pueden apoyar el Proyecto del Senado 840 sin que se adopten las recomendaciones expuestas por estos entre las que se encuentran el aumento del «room tax».
Por su parte la senadora Laboy Alvarado, enfatizó que la medida, entre otras cosas pretende «evitarle a Puerto Rico lo que ocurrió con la llegada de Uber que los mismos puertorriqueños se estaban peleando entre si, ante la falta de un marco y ente fiscalizador. Eso no debe volver a ocurrir», sentenció.
En la vista pública depuso a su vez, el Vicepresidente de la Asociación de Dueños de Paradores y Turismo de Puerto Rico, Tomas Ramírez, quien indicó que «desafortunadamente, la Asociación de Dueños de Paradores no puede apoyar este proyecto como esta redactado» y presentaron algunas recomendaciones entre estas, que se establezca una Comisión Multisectorial para la Reglamentación de la Economía Compartida y que se establezca dentro de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, una oficina para la Reglamentación y Registro de Alojamientos Alternativos.
La presidenta de la Comisión de Revitalización Social y Económica en el Senado se comprometió a evaluar las recomendaciones tanto de la Asociación de Hoteles como la de los Dueños de Paradores y anunció que habrá otra vista pública el próximo 15 de mayo en la que se convocó la participación del DMO.
