En vista pública de la Comisión de Hacienda del Senado presidida por la senadora Migdalia Padilla sobre varias medidas, entre ellas la Resolución Conjunta del Senado 153 de la autoría del senador independentista Juan Dalmau Ramírez, que le ordena al Secretario de Hacienda que agote todos los mecanismos y remedios legales a su disposición -incluyendo la vía judicial- para reclamar a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos que, en cumplimiento de sus obligaciones legales vigentes, le pague al gobierno de Puerto Rico el dinero que le adeuda en concepto de lo que ha retenido por el cobro del arancel del café.
La subsecretaria del Departamento de Hacienda (DH), Roxanna Cruz, indicó que el rembolso adeudado asciende a $10.4 millones de dólares. Esto según surge de las comunicaciones con el Departamento de Agricultura, pero enfatizó que es dicha agencia la que debe certificar esa cantidad, a lo que la senadora Padilla Alvelo advirtió le solicitaría a esta agencia dicha certificación.
Ante estos señalamientos, la senadora Padilla Alvelo recriminó el hecho de que hasta el momento no se hayan realizado gestiones concretas para el cobro de este dinero. “Mi preocupación es que siempre se le quiere dar deferencia a Aduanas y no se cobra el rembolso. Estamos en una situación crítica y ese dinero se necesita. Nosotros representamos al pueblo y necesitamos respuestas concretas sobre cómo y cuándo finalmente se cobrará ese dinero”, enfatizó la legisladora.
También Hacienda enfatizó que el Plan de Reorganización Núm. 3 de 22 de junio de 1994 le confiere al Departamento de Hacienda la facultad en ley para realizar todos los mandatos que pretende la medida en referencia y aclararon que recaería sobre el Departamento de Justicia recomendar cualquier gestión judicial al Secretario de Hacienda a tenor con lo que pretende atender esta resolución.
Mientras que la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) coincide con el planteamiento de la senadora Padilla Alvelo, al establecer en su ponencia que la medida atiende un asunto de gran interés para su oficina, ya que procura reclamar una cifra monetaria y ante la grave crisis que atraviesan las finanzas públicas. “Más aun, cuando nos encontramos en un estado de emergencia debido a las consecuencias del paso de los huracanes Irma y María, lo cual ha obligado al gobierno a invertir sumas considerables de dinero para la recuperación de Puerto Rico”, señaló OGP. Además de recomendar solicitar al Departamento de Justicia su insumo referente a cuál sería el costo legal, si alguno, que conllevaría asumir representación legal con el fin de reclamar el dinero retenido por concepto del cobro del arancel del café.
Mientras el Departamento de Justicia estableció a través de la licenciada Noris Rodríguez -quien representó a la secretaria Wanda Vázquez- que dicho asunto ya se encuentra atendido por legislación existente y que sería más apropiado indagar con las agencias concernidas, como el Departamento de Hacienda y el Departamento de Agricultura.
A su vez se atendió la Resolución Conjunta del Senado 125 del senador Luis Daniel Muñiz que ordena al Negociado de Ciencias Forenses a que realice un estudio económico sobre la necesidad y conveniencia de establecer en el Hospital Buen Samaritano de Aguadilla unas facilidades que le permitan agilizar sus investigaciones y la entrega de los cadáveres a sus familiares.
En esta medida el Negociado de Ciencias Forenses aseguró que de acuerdo con el estudio económico que realizaron, el establecer unas facilidades que atienda los estipulado en dicha medida requiere una inversión no menor de $3,119,970.94, en su impacto presupuestario, inversión que lamentablemente no disponemos en nuestro presupuesto al presente. Como parte del análisis que se llevó a cabo para establecer esta proyección se incluyó: recursos humanos, facilidades, servicios, materiales, suministros y equipos necesarios.
El Comisionado del Negociado de Ciencias Forenses, Edwin F. Crespo Torres, dejó claro que cuentan al presente con una oficina en el área oeste la cual asiste a los familiares en el proceso de reclamo de cadáveres, identificación y entrevista, evitando así que el familiar de dicha región tenga que llegar a las oficinas en San Juan para realizar dichos procesos. La oficina se localiza en las facilidades donde se ubicaba la antigua Comandancia de Área de la Policía de Puerto Rico en el Municipio de Mayagüez. A preguntas de la presidenta de la Comisión sobre si tiene el personal para este proyecto, Crespo Torres contestó que tampoco cuentan con el personal, aunque catalogó de “excelente” el proyecto. Pero dejó abierta la puerta para que se pueda realizar para el próximo año fiscal. El presupuesto de este año fiscal fue de 13 millones “el presupuesto más bajo en la historia del Instituto de Ciencias Forenses”, dijo.
“Ante el hecho de que usted dijo la cantidad que tendrían que invertir, yo preferiría reforzar el área de San Juan que es donde más volumen hay”, dijo el senador Eric Correa. “Yo mismo no estaría de acuerdo con hacer esto ante la situación económica que vivimos. Tenemos que ver cómo podemos atender la preocupación del legislador”, indicó.
El Departamento de Hacienda con relación a la Resolución del Senado 164, otras de las medidas en consideración, que propone ordenarle al Departamento de Hacienda a rendir un informe mensual sobre el uso dado a los pagos o líneas de crédito aprobadas por el Gobierno Federal para gastos operacionales y de emergencia del fondo general o cualquier fondo especial tras los estragos ocasionados por el paso del Huracán María el pasado mes de septiembre, señaló que al momento el Gobierno de Puerto Rico todavía se encuentra en negociaciones de la línea de crédito que el Gobierno de los Estados Unidos concederá a Puerto Rico, por lo que el desembolso no ha ocurrido. Pero una vez se reciban los mismos, se tiene que determinar cuál entidad gubernamental es la que va a tomar las decisiones en cuanto a la distribución de dichos fondos. Hacienda entiende, según su ponencia, que para esta ejecutoria la entidad correspondiente seria la OGP, quien es la entidad gubernamental llamada a establecer las asignaciones presupuestarias. Sin embargo señalaron no oponerse a la pieza legislativa.
Por su parte, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), mediante ponencia, le da deferencia a los comentarios del Departamento de Hacienda sobre esta medida, “pues es dicha entidad quien vendría llamada a cumplir con el mandato de presentar informes mensuales conforme se establece en dicha medida”. A su vez deja claro que “a pesar de las conversaciones y negociaciones extensas que la AAFAF ha sostenido con el Departamento del Tesoro federal y con el Departamento de Seguridad Interna federal, al día de hoy dichas entidades no han provisto los términos o condiciones finales al Gobierno para poder acceder los fondos asignados bajo el programa “Disaster Assistance Direct Loan Program Account”. No obstante, las negociaciones y conversaciones continúan para conseguir que dichos fondos se desembolsen lo antes posible”.
