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El Capitolio- En el inicio de las vistas senatoriales sobre la creación de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico (ODSEC), la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) recomendó derogar la ley de Comunidades Especiales y transferir a la ODSEC facultades y disposiciones de la misma. Esto al favorecer con enmiendas el Proyecto del Senado 6 solicitado por la Administración.
“Luego de revisar las enmiendas sugeridas a la Ley Núm 1-2001 supra (Desarrollo Integral de las Comunidades Especiales), encontramos que las mismas ocasionan un disloque en el funcionamiento de los programas de la Oficina del Coordinador General para el Financiamiento Socioeconómico y la Autogestión (OFSA), los cuales se proponen transferir a la nueva entidad. En consecuencia, sugerimos que se deroge la Ley Num 1-2001 supra y se incorporen a la presente medida las disposiciones que desean conservar, con el fin de que sea cónsona con la política pública actual”, declaró la directora interina de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Rebeca Maldonado Morales, en un memorial explicativo sometido hoy a la Comisión de Gobierno que preside el senador Miguel Romero Lugo. En la audiencia pública estaban presentes los senadores José Vargas Vidot, Aníbal José Torres y Rossana López León.
Maldonado Morales destacó que la medida propuesta cuenta con el aval de OGP siempre y cuando se defina el término “Tercer Sector” y se elimine la Ley 1-2001.
La pieza legislativa recibió el aval de la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM), la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones (JRT), el Departamento de la Familia (DF) y el Departamento de la Vivienda (DV). Tanto el DF como el DV sometieron enmiendas para ser consideradas .
El comisionado designado de la OCAM, Omar Negrón Judice, favoreció el proyecto senatorial al alegar que la legislación propuesta por la Administración “rompe la burocracia desmedida actual, de manera que redunde en una funcionabilidad efectiva y ágil de la gestión gubernamental”. Negrón Judice indicó que de esta forma el empoderamiento de las comunidades será mucho más “expedito y efectivo”. Sin embargo, sugirió a los senadores que integran la Comisión de Gobierno que los programas federales administrados por OCAM, sean también transferidos a la ODSEF, los programas adscritos al Departamento Federal de la Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) de Neighborhood Stabilization Program y Disaster Recovery así como los fondos que están bajo Préstamo de la Sección 108 conocido como el Loan Guarantee Assistance Under Section 108.
“Esta legislación pretende romper la burocracia desmedida actual, de manera que redunde en una funcionabilidad efectiva y ágil de la gestión gubernamental que repercuta en el empoderamiento de nuestras comunidades de una manera mucho más expedita y efectiva”, sostuvo Negrón Judice al indicar que la duplicidad de esfuerzos entre las agencias gubernamentales provoca “falta de efectividad” para buscar fondos federales. De hecho, y a preguntas del senador Romero Lugo el funcionario indicó que varias de las recomendaciones que OCAM sometió para el Proyecto fueron sugeridas por HUD.
Negrón Judice indicó que las asignaciones en bloque de fondos federales que recibe Puerto Rico son distributidas entre diversas agencias locales “sin que necesariamente exista una correlación entre la utilidad de estos y los deberes y responsabilidades de dichas agencias”.
Actualmente OCAM, por designación otorgada en la Ley de Municipios Autónomos, es la entidad administradora de los Fondos Federales del Community Development Block Grant Program (CDBPG) para distribuirlo entre 51 municipios. Los restantes municipios reciben los fondos CDBPG a través de HUD.
De otra parte, la presidenta de la JRT, Sandra Torres López, quien fue representada por la licenciada Zaida Cordero, expresó en ponencia escrita que mediante la creación del Programa de Comunidad Digital que pretende crearse bajo la ODSEC se atendería la “desigualdad” en el acceso a la tecnología en las comunidades necesitadas.
El designado Secretario del Departamento de la Vivienda (DV) Fernado Gil Enseñat señaló que el proyecto provee una “alternativa viable y de resultados, específicamente, mediante la coordinación de esfuerzos entre el DV y demás entiddades gubernamentales, con el propósito de fomentar el impulso a las inversión en infraestructura”.
Entre las enmiendas presentadas por Gil Espailat resalta el acalarar si el término “comunidad especial”’ es el mismo que se designó mediante la Ley 1 del 2001. También, delimitar las “iniciativas” comunitarias que se crearían en el Fondo de Reinvención Social y aclarar que la reglamentación a ser emitida por ODSEC “no debe trastocar” la facultad de reglamentar las jurisdicciones del DV ni de la Autoridad para la Vivienda Pública (AVP) en cuanto a las diversas comunidades que al presente recaen y son atendidas por ambas agencias, entre otras enmiendas.
Otra agencia que favoreció el proyecto senatorial pero con enmiendas fue el Departamento de la Familia (DF) por voz de su secretaria la licenciada Glorimar Andújar Matos, quien fue confirmada al puesto la semana pasada. Según estableció Matos en un memorial explicativo el Alto Cuerpo debe tomar en consideración el que se realice un examen “exhaustivo” de las leyes, reglamentos y normas que rigen los fondos que el gobierno federal a esos fines. De otra parte, recomendó desarrollar y someter a las agencias concernientes en Estados Unidos el Plan Estatal 2018-2019 de forma tal que se cumplan objetivos y estrategias establecidas para reducir la pobrelza y también que se investiguen las experiencias de las agencias delegadas con relación a la otorgación y servicios que se ofrecen mediante estos fondos.
También, Andujar Matos solicitó que se fije una estructura “robusta” de medición y monitoreo para probar la efectividad de las estrategias propuestas y se preste atención al Sistema de Gerencia y Responsabilidad de Resultados (ROMA) a través del cual se miden los requisitos del programa CSBG.
Según esbozó la funcionaria las entidades locales que reciben el 71 porciento fondos CSBG asignados en el presupuesto 2016-2017 son Acción Social de Puerto Rico (ASPR) y el Instituto Socioeconómico Comunitario (INSEC). ASPR recibe $2,908,887.54 mientas que INSEC $2,386,779.52. De igual forma, los municipios de San Juan y Bayamón reciben fondos CSBG de los cuales el primero tiene $1,118,802.90 mientras que el último $298,347.44. Mientras la Administración de Familias y Ninos (ADFAN) maneja $745,868.60. Esta distribución de fondos está basada en el primer “Notice of Grant Award FY 2017. En el programa CSBG 2016 la Isla recibió una asignación total de $29,983,460.00.
También se expresó a favor pero con enmiendas la Oficina del Coordinador General para el Financiamiento Socioeconómico y la Autogestión (OFSA).
A la audiencia pública asistieron líderes comunitarios que expresaron sus preocupaciones de ser aprobada la medida de Administración.
El Proyecto del Senado 6, tiene el propósito de crear la (ODSEC) a través de la cual se modernizarán, simplificarán, unificarán y agilizarán los procesos y servicios gubernamentales en aras de lograr el desarrollo pleno de las Comunidades para que junto al tercer sector “sean motor de su propio desarrollo” en el que el gobierno servirá de enlace y promotor de alianzas con el sector público y privado.
