El excomisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD) y aspirante al Senado por Acumulación por la colectividad Eder Ortiz, presentó, hoy miércoles, dos querellas ante la Comisión Federal de Elecciones (FEC, por sus siglas en inglés) en contra de los aspirantes, del Partido Nuevo Progresista (PNP), a comisionado residente en Washington, William Villafañe y Elmer Román. Las querellas se basan en alegadas violaciones a las leyes federales para el financiamiento de campañas.
La querella contra William Villafañe detalla que en su último informe al FEC, su campaña reportó $7,214 en alquiler de varios vehículos. «Nos sorprende que a pesar de lo reportado en el informe relacionado con el alquiler de vehículos, la campaña no registró ni un solo dólar en gastos de gasolina. Esto a pesar de que Villafañe documentó en sus redes sociales, desde noviembre de 2023, más de 100 visitas a diferentes municipios de Puerto Rico», denunció Ortiz. «Lo que contrasta al compararlo con las campañas de Pablo José Hernández Rivera, aspirante a comisionado residente a Washington por el PPD y Elmer Román las cuales informaron $4,623 y $1,958 en gastos de gasolina, respectivamente».
Además, la querella presentada por Ortiz destaca que el comité de Villafañe no reporta gastos relacionados con alquiler, depósitos de renta, gastos en muebles o equipo de oficina para su comité de campaña. Dicho comité, ubicado en el centro de Hato Rey, se inauguró el pasado 19 de abril.
El también exsenador explicó que: «Es necesario que el FEC también investigue un pago de $3,000 realizado por la campaña de Román para el alquiler de un apartamento en el Viejo San Juan, lo que podría significar el uso prohibido de fondos de campaña para gastos personales. La página web del FEC explícitamente prohíbe el uso de fondos de campaña para pagar el alquiler que constituya la residencia personal del aspirante o candidato, aún si parte de esa residencia es usada por la campaña». Ortiz adelantó que ofrecerá seguimiento para conocer la determinación del FEC y sostuvo que todos los aspirantes tienen que cumplir con las leyes y reglamento aplicables.
