El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, no descartó hoy que la Cámara Alta cite a varios miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), en calidad de exfuncionarios de gobiernos locales, para que expliquen por qué recomendaron la emisión de $6 mil millones en bonos de Puerto Rico entre los años 2012-2014.
Todo esto dependerá de si en efecto la jueza de quiebras Laura Taylor Swain, quien realiza la vista judicial hoy, determina que la emisión de la deuda, tal y como lo afirma la JSF, fue emitida en alegada violación a la Constitución de Puerto Rico.
«Si alguien actuó de manera ilegal e incorrecta tiene que responder al pueblo de Puerto Rico. Hay que procesarlo si las alegaciones son correctas porque si fueran faltas entonces sería otra equivocación más de la Junta de Control Fiscal», destacó Rivera Schatz cuyas expresiones fueron respaldadas por el senador popular Miguel Pereira Castillo.
Al mismo tiempo, Rivera Schatz solicitó que se divulgue si el presidente del ente federal José Carrión III y los expresidentes del Banco Gubernamental de Fomento, Carlos García y José Ramón González votaron a favor, en contra o abstenidos de la determinación de la JSF. Asimismo, urgió a que se divulgue si el bufete legal O’Neill & Borges, que ha sido contratado por varias administraciones del gobierno, ofreció consejos a la JSF sobre la alegada nulidad de las emisiones.
«Es importante que aguardemos a que el Tribunal tome la determinación y si en efecto determina que los $6 mil millones son nulos, todos en el Senado tenemos la responsabilidad de reclamar que comparezcan aquí no como miembros de la Junta, no van a tener a PROMESA para defenderse diciendo que la ley PROMESA dice que no los podemos fiscalizar, tendrían que comparecer como exfuncionarios que trabajaron (en el gobierno) con financiamientos y transacciones que el Tribunal ha dicho que no son correctos» argumentó Rivera Schatz durante su turno inicial en la sesión de hoy.
Por su parte, el senador independentista, Juan Dalmau Ramírez, expuso que con esta situación hay «tres criminales y coautores».
«Los primeros criminales son aquellos funcionarios de gobierno que certificaron la posibilidad del pago de deuda bajo unas proyecciones de ingresos fatulas. Era falso y sabiendo que era falso la certificaron. El segundo criminal fueron las casas acreditadoras que sabiendo que era falso le acreditaban al gobierno la posibilidad de repago y le autorizaban continuar endeudándose. Entre ambas partes se guiñaban porque uno le acreditaba que podía pagar sabiendo que no podía pagar y el otro recibiéndole la certificación sabiendo que el otro no le podía pagar pero que en su momento cobrarían porque así lo dispone la Constitución», expresó Dalmau Ramírez.
«El tercer criminal son las casas de corretaje porque fueron a pescar posibles compradores de bono a consciencia que esas emisiones de bonos eran fraudulentas. Tanto así que dentro de ese esquema criminal… que quien se convierte ahora en el principal testigo del pueblo es la JCF», añadió el senador independentista.
Mientras tanto, el senador popular, José Luis Dalmau Santiago, argumentó que es necesario que se investigue el proceso de la emisión de la deuda.
«Es una responsabilidad nuestra investigar la realidad de ¿por qué se hicieron (las emisiones de bonos)?, ¿cómo se hicieron?, ¿quién recomendó?, ¿a quién se benefició? ¿por qué el pueblo de Puerto Rico tiene que comprometer económicamente a las futuras generaciones en acuerdos judiciales o acuerdos extrajudiciales por 40 años? Lo menos que uno puede hacer como legislador es pedir que salga la verdad, que haya transparencia y que se sepan quienes son los responsables», dijo Dalmau Santiago.
A estas peticiones también se unió el portavoz de la delegación popular, Eduardo Bhatia Gautier quien solicitó que se citen a las casas acreditadoras, bufetes legales y exfuncionarios de gobierno.
