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A pesar de que la propuesta nueva Ley de Armas tendría un impacto fiscal estimado de $2.5 millones, el Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) no asumieron ayer posiciones ni a favor ni en contra al otorgarse “deferencia” mutua durante el proceso de vistas públicas que realiza la Comisión de Seguridad Pública del Senado en torno al Proyecto 439, propuesto a esos fines por el senador Nelson Cruz Santiago.
“La fácil es traer unos puntos, criticar y señalar otros pero dejarlo para un estudio posterior y que nosotros tomemos una determinación final”, dijo evidentemente sorprendido el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, Henry Neumann Zayas, ya que usualmente cuando las agencias acuden a la Legislatura a deponer sobre una medida indican si están a favor o en contra del mismo.
El director de OGP, José Marrero Rosado, expresó en un memorial explicativo que la Policía presentó estadísticas que indican que de aprobarse la pieza legislativa los recaudos generados por los derechos que se deben pagar para obtener una licencia de armas de fuego y la renovación de estas se verán reducidos en $2.5 millones. “Sin embargo, sobre este particular, le damos deferencia a los comentarios que el Departamento de Hacienda tenga a bien hacer”. Marrero Rosado fue representado por los asesores legales Lalise Guillén y Marc Thys.
Por el contrario, la subsecretaria de Hacienda, Roxana Cruz Rivera, sometió un memorial explicativo en el que “otorga deferencia a los comentarios provistos por OGP en cuando a las asignaciones de fondo”. A la audiencia pública no asistió ningún representante de Hacienda por lo que Neumann Zayas adelantó que volverá a citar al secretario, Raúl Maldonado Gautier, quien de no poder asistir deberá enviar un representante para que puedan responder las preguntas de los senadores.
¿El impacto fiscal de más de $2.5 millones no es suficiente para tomar una determinación? preguntó Neumann Zayas, a lo que Thys respondió que “además del impacto fiscal estamos trayendo las diferentes leyes con las que hay que cumplir y entendemos que la Comisión cuando evalúa este Proyecto tiene alternativas para evaluar las diferentes secciones de la Ley (y) se puede minimizar ese impacto”. Acto seguido el presidente de la Comisión, y exsecretario de Recreación y Deportes, dijo que en el deporte eso “es pasar el balón”.
“Eso no es lo que esperamos de ustedes yo esperaría más. Esperaría unos pronunciamientos contundentes relacionados con la posición de ustedes porque al fin y al cabo tenemos una Isla que está en quiebra. Yo hubiera aceptado perfectamente que ustedes que llegaran aquí y me dijeran ‘mira esto me está costando $2 millones y no estoy de acuerdo porque necesitamos el dinero’ pero pasárselo a Hacienda para que luego Hacienda me diga ‘nosotros otorgamos deferencia a OGP en cuanto a asignaciones de fondos’ no nos ayuda de verdad”, comentó el senador por el Distrito de San Juan.
Por su parte, la licenciada Guillén dijo que en lo que respecta al impacto de $2.5 millones en los recaudos la agencia lo que hace es “levantar la bandera….pero quien tiene la competencia es Hacienda…ya que ellos pueden hacer sus cálculos y corroborarlos”.
La senadora y exsecretaria de Corrección, Zoé Laboy Alvarado, quien cuestionó el procedimiento para presentar ponencias y si las mismas son elaboradas y/o revisadas en La Fortaleza, se unió la “frustración” del presidente de la Comisión. “Nosotros presentamos unas medidas que van a las comisiones senatoriales a las que pertenecemos y le damos la oportunidad a los representantes del Ejecutivo para que nos den información y podamos hacer un mejor trabajo para Puerto Rico”.
“Es costumbre de OGP decir ‘aquí mira esto y por aquí mira lo otro’ pero no asumen una posición a favor o en contra de la medida que están evaluando. En esta ocasión diferentes agencias han hecho lo mismo porque dicen ‘a mí no me preguntes, pregúntale a la otra agencia’ y eso nos pone en una situación bien difícil por la importancia de este tema…Parece que no hay mucha coordinación”, añadió Laboy Alvarado quien solicitó a los representantes de la agencia que hablen con el director y asuman una posición a favor o en contra.
La “deferencia” entre ambas agencias surge en momentos en que en las últimas 48 horas se reportaron ocho carjackings. Esta alza en la criminalidad tiene “alarmado” al senador Neumann Zayas porque la Policía “no tiene las herramientas para hacerle frente a la ola criminal que tenemos… La discusión de una nueva Ley de Armas se inserta de una forma bien clara y contundente en lo que estamos viviendo en Puerto Rico.
El Proyecto del Senado 439, presenta la “Nueva Ley de Armas” de conformidad con las leyes federales. Según la propuesta senatorial la Oficina de Licencia de Armas y agentes autorizados podrán vender armas a mayores de 21 años que tengan expedientes negativos de antecedentes penales, que no sean adictos a sustancias controladas o alcohol y no haber sido declarado “incapaz mental” por un Tribunal. También, no haber sido separado de las Fuerzas Armadas bajo “condiciones deshonrosas” o por haber cometido un delito grave, no pertenecer a organizaciones que cometan actos de violencia o para derrocar al gobierno, no tener impedimentos federales para portar armas entre otros requisitos.
La solicitud para portar licencia de armas deberá ir acompañada de un pago de $50 a la Policía de Puerto Rico y una solicitud bajo juramento y ante notario. El Departamento de Hacienda deberá transferir a la Policía todo recaudo monetario por concepto de licencias para utilizar dicho dinero “exclusivamente” para la operación continua e ininterrumpida del proceso de expedición de Licencias de Armas así como sufragar campañas informativas sobre el uso y manejo de armas.
Asimismo, la propuesta legislativa dispone que el dinero recibido por la venta de armas que sean ocupadas por orden del tribunal o entregadas voluntariamente a la Policía, se depositará en el Fondo General con el objetivo de que sea utilizado para comprar chalecos antibalas, uniformes y calzado para los agentes policiacos. Sin embargo, subsecretaria de Hacienda, Roxana Cruz Rivera, indicó en una ponencia escrita que la actual ley destina los recaudos “a un fin particular” sin ingresar al Fondo General.
En lo que respecta a las multas, la nueva ley autorizará al Comisionado de la Policía disponer mediante reglamento el procedimiento que deben seguir los agentes del orden público para expedir boletos de cortesías. Las multas por reincidir en la portación, conducción o transportación de armas “de forma ostentosa o no oculta” podrán ser de un máximo de $100. De sostenerse la multa, y el concesionario insiste en portar su arma en más de tres ocasiones, la multa será de $500.00.
Asistieron a la vista pública los senadores Cruz Santiago y Miguel Pereira Castillo. La próxima vista pública será este viernes en Aguada y más adelante se realizará otra en Ponce.
