En votación a viva voz por pase de lista, el Senado aprobó con 19 votos a favor y 5 en contra el Proyecto del Senado 520 de la autoría del Presidente Senatorial, Thomas Rivera Schatz, a los fines de ampliar la facultad de los tribunales para expedir remedios interdictales ante disputas obrero patronales, manteniendo los rigurosos requisitos procesales de la referida Ley. La aprobación contó con el voto a favor del senador popular José R. Nadal Power.
Mientras, Rivera Schatz defendió la misma asegurando que su interés es proteger a los trabajadores y trabajadoras “si alguna persona se ha caracterizado por defender a los trabajadores he sido yo y mi record lo deja claro. A quien no defiendo es a los delincuentes y criminales. Hay quien sugirió legalizar la marihuana recreacional, la prostitución. Eso no lo defiendo yo.»
Además dijo que no se le están quitando derechos al trabajador lo que se está proponiendo es el civismo. Esto, para que ningún ciudadano o trabajador se vea afectado en sus derechos por quien cometa actos vandálicos, añadió.
La Exposición de Motivos de la medida expresa que, «todo acto ilegal (o criminal) que surgiese de una disputa obrera es un riesgo sustancial a la seguridad pública y al bienestar de todos los ciudadanos, trabajadores y negocios de Puerto Rico. A su vez, los actos violentos con el potencial de atentar contra el bien social, tienen un impacto negativo directo e indirecto en el desarrollo económico de la Isla, pues inciden sobre las actividades comerciales y turísticas”.
Asimismo, Rivera Schatz estableció ante el Cuerpo que al emitir sus votos estarían escogiendo a quienes apoyan. «Demuestren con su voto con quien están ustedes, si con el trabajador honesto decente o aquel que utilizando el nombre de ser líder sindical para cometer actos vandálicos contra la propiedad privada o publica”.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Gobierno Miguel Romero en el Informe Positivo sobre la medida indicó que es necesario expandir la discreción judicial y viabilizar la expedición de remedios interdictales cuando en el ejercicio de un derecho constitucional se ponen en riego al salud, vida, propiedad e integridad personal de otras personas.
No obstante, siempre manteniendo las rigurosas garantías del debido proceso de ley que los Tribunales deberán observar para para expedir órdenes de entredicho o de injuction preliminar o permanente en circunstancias de disputas laborales, reza en conclusión del mismo.
Aprueban pena de $300 para personas que incurran en violencia domestica
Por otro lado, se aprobó hoy se añadiera un nuevo artículo a la Ley 54 conocida como Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica. Este dispondría una pena especial de $300 a toda persona que incurra en violación de órdenes de protección, que incurra en maltrato físico o violencia psicológica, intimidación o persecución en la persona de su cónyuge, maltrato agravado, mediante amenaza o restricción de libertad y cuando se cometa agresión sexual conyugal. Estos son los Artículos 2.8, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5 de la mencionada ley.
El Proyecto del Senado 49, de la autoría de Thomas Rivera Schatz, sustituiría la pena actual para estos casos contenida en el Código Penal, la cual es de $100. “También, en aquellos casos en que la persona encontrada culpable por violación de cualquiera de los delitos previamente enumerados demuestre que carece de recursos económicos para cumplir con el pago de la pena especial, el Tribunal de Primera Instancia vendrá obligado a imponer, en sustitución de la pena económica, 24 horas de servicio comunitario. El pago de la pena especial, o en su lugar las 24 horas de servicio comunitario en los casos que corresponda, es de cumplimiento obligatorio y no podrá ser objeto de negociación pre acordada o exoneración de índole alguna,” detalla el Informe Conjunto Positivo emitido por la Comisión Senatorial de Gobierno y Hacienda que presiden Miguel Romero y Migdalia Padilla, respectivamente.
Estas cantidades serían depositadas en el “Fondo Especial para la Prevención de la Violencia Doméstica”; crearía dicho fondo especial para uso exclusivo de la Procuradora de las Mujeres en la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) en su función de promover y desarrollar programas educativos para la prevención y orientación a las víctimas de la violencia doméstica.
La imposición y cobro de la pena especial establecida comenzaría a regir 30 días después de la fecha de vigencia de esta Ley, esto contó con el aval de la OPM durante el proceso de vistas públicas.
Durante el pasado año 2016, en Puerto Rico se reportaron 9,197 casos de violencia doméstica. Muchos de estos casos dejan una marca indeleble en los menores de edad que presenciaron eventos de violencia en sus hogares. También, dos terceras partes de los casos de violencia doméstica son contra mujeres y algunas pierden sus vidas debido a estos reprochables actos de violencia que ultrajan la dignidad humana, detalla el Informe.
De otro lado, avalaron ordenar a la Autoridad de Carreteras y Transportación (DTOP) y a la Autoridad para las Alianzas Público Privadas a evaluar la necesidad y conveniencia de someter la culminación de la Autopista PR-10, al modelo de Alianza Público Privada. esto con la aprobación de la Resolución Conjunta del Senado 144, de autoría del Senador Larry Seilhamer. Esta carretera atraviesa desde Arecibo hasta Utuado para llegar al sur de la Isla.
