De forma unánime, el Senado aprobó hoy en Sesión Ordinaria que los municipios pidan prestado a las cooperativas de ahorro y crédito mediante el Proyecto del Senado 894, de la autoría del Presidente del Senado Thomas Rivera Schatz y el senador Abel Nazario.
La pieza legislativa, la cual está referida a la Comisión de Relaciones Federales, Políticas y Económicas que preside Rivera Schatz, enmendaría la Ley de Financiamiento Municipal de 1996 y la Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito de 20012 para permitir la transacción la cual deberá ser realidad con previa autorización de su legislatura.
De esta manera, querían autorizados a tomar dinero a préstamo mediante obligaciones evidenciadas por bonos, pagarés o cualesquiera otros instrumentos de crédito, de conformidad con la Ley. Estas obligaciones serán con sociedades cooperativas, públicas o privadas, u otras instituciones financieras.
Según la Exposición de Motivos de la pieza, la legislación vigente es restrictiva en cuanto al uso permitido del excedente en el Fondo de Redención, ya que limita al municipio solicitar empréstitos solo en instituciones descritas además se les requiere aprobación de entes fiscales. Ante esto, se hace necesario revaluar estas condiciones y proveer alternativas que permitan «una gobernanza capaz de atender efectivamente las necesidades de los ciudadanos».
«Vemos cómo algunos municipios han tenido que reducir horas a sus empleados, eliminar beneficios marginales y despedir padres y madres de familia. Esto debido a la falta de dinero para pagar obligaciones, ocasionando que a su vez varios municipios tengan déficits presupuestarios a niveles alarmantes», reza la pieza.
De otro lado, se aprobó por unanimidad el Proyecto del Senado 337, radicada por el senador Eduardo Bhatia Gautier para que los funcionarios del orden público no indaguen sobre la nacionalidad o estatus migratorio de las víctimas y testigos de delito por lo que salvaguarda los derechos de la comunidad inmigrante.
La medida también cuenta con la co autoría del Portavoz de la Mayoría Carmelo Ríos Santiago y el senador Carlos Rodríguez Mateo.
Ríos Santiago sostuvo en su turno sobre la medida que la misma atiende una preocupación a nivel nacional. «Lo que busca prohibir es lo que se conoce como la técnica de profile, que al intervenir con alguna víctima se le cuestione sobre su nacionalidad, como si eso fuese un agravante o atenuante», expresó, .
Añadió que no importa cuál sea el origen o raza de una persona, esto no debe de ser motivo de investigación y en el caso del gobierno estatal del estatus migratorio.
El senador Henry Neumann por su parte resaltó que la comunidad dominicana pueda estar sufriendo esta situación pero el aprobar la medida representa la protección de sus derechos al estar viviendo en la Isla.
La pieza legislativa que pasará a manos de la Cámara de Representantes busca enmendar y añadir artículos a la «Ley para establecer la Carta de Derechos de las Víctimas y Testigos de Delito» se pretende extender la política pública vigente a las víctimas de delito y a los testigos de delito de la comunidad inmigrante. Esta medida fue favorecida por la Policía de Puerto Rico, la Comisión de Derechos Civiles y el Colegio de Abogados.
Asimismo, establece que se considerará como funcionario del orden público a toda persona que tiene a su cargo proteger a las personas, la propiedad, mantener el orden y la seguridad pública. Por lo tanto, están incluidos los miembros de la policía estatal, municipal, agentes del Negociado de Investigaciones Especiales y alguaciles de la Rama Judicial.
La Policía, bajo la Orden General 605 no cuestiona a los implicados sobre su nacionalidad o estatus migratorio al momento de informar el delito o al sostener cualquier comunicación relacionada a trámites con agencias del sistema judicial criminal. Esto aplica hasta que no le sean leídas las denominadas «Advertencias Miranda» a través de las cuales policías de Estados Unidos y Puerto Rico le informan a los implicados que tienen derecho a guardar silencio, contar con la asistencia de un abogado y que toda declaración puede ser utilizada en su contra.
Revelador informe sobre la vida de las confinadas
En lo que respecta a la calidad de vida de las confinadas de Bayamón la Comisión de Seguridad Pública se recibió el primer informe parcial de la Resolución del Senado 342. La medida, de la autoría de la senadora Zoé Laboy en co autoría de Migdalia Padilla, recomienda que se escrute y fiscalice el procedimiento interno para manejar las querellas de las reclusas, que se evalúe presentar legislación sobre este asunto al tiempo que se investigue por qué no se están otorgando los beneficios de custodia mínima y se readiestren a los oficiales de custodia.
A estas peticiones se unen el requerir al DCR reparar filtraciones y unidades de aire y aumenten la cantidad de empleados en la institución carcelaria. De igual forma, mejorar la calidad de la comida y compren bandejas y utensilios para ingerir los alimentos.
En una vista ocular el 9 de marzo trascendió que los oficiales de custodia no están recibiendo el adiestramiento adecuado. La superintendente del Centro de Rehabilitación para Mujeres de Bayamón, Ana López, dijo que «se supone que todos los años recibamos adiestramiento». Acto seguido el subsecretario de Corrección, Irving Otero, señaló que se firmó un acuerdo colaborativo con el Sistema Universitario Ana G. Méndez para profesionalizar a los oficiales de custodia.
El Centro tiene bajo su custodia a 221 confinadas, pero tiene capacidad para 371. Allí laboran 92 oficiales de corrección.
