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El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y los senadores de todas las delegaciones defendieron hoy el derecho que les otorga la Constitución de Puerto Rico para aprobar el presupuesto de gastos del País y expresaron su total rechazo a las determinaciones de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). Asimismo, el líder senatorial no descartó enfrentar a la JSF en los tribunales.
«Las facultades del pueblo de Puerto Rico para gobernarse mediante un gobierno electo no son el resultado ni de la Ley Federal 600, la Constitución y mucho menos de la ley federal mal llamada PROMESA. Esos poderes y facultades del gobierno están reconocidos por el Congreso, el presidente de Estados Unidos y los tribunales desde hace 118 años. La Ley PROMESA no se aprobó para imponer caprichos injustificados ni para castigar instituciones democráticas centenarias», dijo el presidente del Senado quien emitió votos explicativos en las medidas de presupuesto.
«Al día de hoy nadie de la JSF, ni los secretarios del Trabajo, Estado, Hacienda ni el licenciado Christian Sobrino, ni el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) han presentado dato alguno que justifique en términos económicos que la derogación de ley 80 va a producir resultados positivos en nuestra economía», añadió Rivera Schatz.
Sus expresiones se dieron momentos antes de que el Senado aprobara el presupuesto de gastos ascendente a $8,709,000 millones y que será presentado ante la JSF. Este presupuesto es menor por $40 millones del monto que solicitó la Junta.
Tanto la Resolución Conjunta de la Cámara 353, 354, 355 y la 366 recibieron el voto a favor de la Mayoría Parlamentaria y el voto en contra de la Minoría del Partido Popular Democrático, del senador del Partido Independentista Puertorriqueño, Juan Dalmau Ramírez y del senador independiente, José Vargas Vidot.
El presidente senatorial le dijo al gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, en torno a la pretensión de querer derogar la Ley 80 sobre despido injustificado que » no podemos legislar para que los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres. Derogar la Ley 80 no está en la plataforma de mi partido. Todas las propuestas de la Junta van en contra de los principios del Plan para Puerto Rico».
«A los miembros del Ejecutivo hagan su trabajo como entiendan confío que siempre tendrán a Puerto Rico por encima de todo. Nosotros en el Senado también lo haremos con nuestros criterios, principios y valores. Si quieren dialogar en el sentido correcto de dialogo y explorar alternativas con muchísimo gusto. Nosotros nunca le pediríamos al gobernador que claudique sus poderes. Grite el que quiera gritar que a mi me convence la razón», comentó Rivera Schatz.
En su alocución el senador popular, Aníbal José Torres Torres, dijo que «las amenazas de la Junta son indignas y responden a intereses particulares que muchos imaginamos». Sin embargo, destacó que va a cumplir «con mi obligación constitucional».
El senador Dalmau Ramírez dijo que hoy se vive «el momento más histórico de nuestra Isla con el ejercicio mas burdo crudo y abusivo que se ha vivido en época moderna. La Junta ha actuado hoy como secuestradores terroristas. Como no se cumplió con su capricho ideológico ahora vuelcan su ira contra el pueblo de Puerto Rico».
«Hoy el País tiene que oponerse a los designios de la Junta y de los que le sirven de cómplices. Aquí hay gente que se están tratando de limpiar el pecho pero son parte de ese combete. No es extraño que haya inestabilidad. Hoy el pueblo tiene un enemigo común y debe tener una solidaridad común. Hoy estamos a favor de la justicia de quienes se van a ver afectados profundamente con decisiones tomadas como esa», añadió el líder independentista quien también dijo que cumpliría con su responsabilidad constitucional porque «las amenazas de la Junta son indignas que responden a interés particulares», señaló el senador independentista.
Mientras, el senador por el distrito de San Juan, Henry Neumman Zayas opinó que la JSF es un ente «antidemocrático y abusador». «¿A quien se le ocurre más sacrificio a un pueblo que esta abarrotado de problemas después de un huracán categoría cinco?. ¿A quién se le ocurre si no es que es a un ente abusador?», cuestionó.
Su homólogo Miguel Romero Lugo, reiteró que el Senado estuvo y está abierto al diálogo pero que sea una «colaboración que no implique la sumisión». En torno a la decisión de la Junta de recomendar la derogación de la Ley 80 dijo que nunca se recibió información que validara la posición del ente federal.
«Lo que ocurre hoy no es otra cosa de que ellos no van a poder ir contra sus propios actos porque se ha trabajado de forma responsable. Lo puedo decir porque he participado de ejercicios de buscar arreglos que no permitan que lleguemos a los tribunales», comentó.
En lo que respecta al presupuesto, la presidenta de la Comisión de Hacienda, Migdalia Padilla Alvelo, dijo que el Senado al igual que la Cámara de Representantes hizo su trabajo. «Nos mantenemos firmes en que este presupuesto afecta para nada el que no se haya derogado la Ley 80», advirtió.
Durante su presentación Padilla Alvelo reconoció que el proceso de evaluación del presupuesto fue «atropellado a causa de las exigencias de la Junta». Informó que se le restituyó la partida a los Negociados que están dentro del Departamento de Seguridad Pública como lo son: Autoridad para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (AEMEAD), Cuerpo de Bomberos, Emergencias Médicas, Ciencias Forenses y la Policía.
«El programa Montessori debe continuar con su trabajo encomiable en el Departamento de Educación (DE). Debemos darle la mejor calidad de vida a nuestros estudiantes y este programa lo hace. Aquí no se le ha quitado un centavo a la Secretaria. El aumento significativo en la partida de servicios profesionales va dirigido específicamente a estas personas.
