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El senador popular por el distrito de Ponce, Ramoncito Ruiz anunció que asistirá a la 1ra Marcha Nacional en Contra de las Leyes de Cabotaje mañana sábado, 3 de octubre. La actividad iniciará en el Centro de Convenciones de Ponce hasta la entrada del Puerto Las Américas, Rafael ‘Churumba’ Cordero.

Ruiz, quien preside la Comisión de Agricultura, Seguridad Alimentaria, Sustentabilidad de la Montaña y de la Región Sur del Senado, aseguró que las normas federales de cabotaje «son un impedimento para el desarrollo económico de Puerto Rico y una muralla a la posibilidad de aumentar nuestro comercio internacional». Los estudios que han realizado distintos especialistas señalan que el costo para la economía puertorriqueña de las limitaciones que imponen las normas federales de cabotaje puede ser de entre $500 millones y $900 millones al año. Bajo las actuales normas de cabotaje, el transporte de productos entre Estados Unidos y Puerto Rico tiene que hacerse en barcos de bandera, construcción y tripulación estadounidenses. «Esta obsoleta restricción legal hace que una sola comida al día le cueste a una familia puertorriqueña de 4 personas, cerca de $500 adicionales al año. Esos son los números reales».
En el caso de los productos que se importan a la Isla, Ruiz aseguró que «se puede importar directamente desde los países de origen, evitando los intermediarios. Por ejemplo, en el caso de la cebolla que viene de Holanda, el costo de transporte por libra es mucho más barato, por una razón de costos, porque Holanda subsidia el transporte desde el puerto de Amsterdam hasta San Juan o Ponce. Es el mismo principio de la vida comercial, la oferta y la demanda. Pues vamos a comprar donde logremos mejores negociaciones».

Para esta 1ra Marcha Nacional en Contra de las Leyes de Cabotaje se han unido numerosas organizaciones de todo tipo, desde el Colegio de Abogados de Puerto Rico, el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto ico, la ámara de Comercio del Sur de Puerto Rico, el Frente Amplio de Camioneros, el Centro Unido de Detallistas, la Asociación de Productos de Puerto Rico. Mútiples oficiales del gobierno, entre los que se encuentra el propio comisionado residente de Puerto Rico en Washington, Pedro Pierluisi Urrutia, se han pronunciado a favor de la derogación de dichas leyes. «Lo cierto es que la derogación ha sido recomendada hasta por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, entre otras entidades. Ahora también se confirma con el informe Krueger. Las leyes federales permiten una exención parcial de dichas leyes, en beneficio de la economía puertorriqueña y eso es lo que queremos lograr», finalizó el senador Ruiz.

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