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Así catalogó el presidente del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico (CPTSPR), profesor Larry Emil Alicea Rodríguez, los efectos sociales que podría causar la imposición de una junta de control fiscal con los poderes que dicta la medida de los republicanos en la Cámara de Representantes estadounidense.
Según el Presidente del gremio, una junta de control fiscal priorizará otros asuntos antes que las necesidades sociales de los puertorriqueños. Esto tendría un impacto en la reducción de servicios esenciales y en agencias de bienestar social, orgaizaciones sin fines de lucro y comunitarias; espacios que benefician a miles de niños, jóvenes y adultos y donde los y las profesionales del trabajo social ofrecen sus servicios.
Por otra parte, explica el también Profesor, que el establecimiento de la Junta atenta contra el principio democrático de los pueblos porque invalida la elección de los funcionarios del país para ejercer sus responsabilidades. El derecho a la autodeterminación de los pueblos, reconocido por el derecho internacional, implica que cada pueblo tiene la libertad de establecer los procesos para atender sus relaciones con otras naciones; en particular si esas relaciones son de carácter colonial.
«Una junta de control fiscal, además de agravar la crisis social que atraviesa Puerto Rico, deja al descubierto, de forma explícita, la relación colonial entre los Estados Unidos y Puerto Rico. El colonialismo es una violación a los derechos de los pueblos y no es compatible con los principios de ciudadanía, justicia social y democracia que promueve la profesión de trabajo social», concluyó Alicea Rodríguez.
