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A horas para que se termine el periodo de aprobación de medidas, el representante Ricardo Llerandi Cruz abogó por que la Cámara de Representantes le de paso a un novel proyecto de ley que busca ordenar a toda compañía etiquetar los empaques de alimentos que contienen Organismos Genéticamente Modificados (OGM) que produzca para que así el consumidor pueda seleccionar, de manera informada, si quiere o no adquirir dicho producto.
«Este proyecto es de vital importancia para el desarrollo económico y mejorar la calidad de vida de nuestra gente. No hay ninguna razón para que se quede en el tintero, ninguna. Si un producto es homogenizado, pausterizado, o decenas de otros procesos se les exige se indique en la etiqueta. Sin embargo, no se exige el mismo requisito para los productos OGM. En Puerto Rico no existe reglamento alguno o ley que obligue a que se le informe al consumidor el origen del alimento que compra. La gente tiene el derecho a saber si el alimento fue genéticamente creado o no», indicó el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP).
El Proyecto de la Cámara 2654, el cual se encuentra en la Comisión de Salud desde septiembre de 2015, establecería ‘Ley para Regular las Etiquetas Informativas en Envases de Semillas y Empaque de Alimentos compuestos por Organismos Genéticamente Modificados’ en Puerto Rico, una ley de vanguardia que colocaría a la isla dentro de un creciente grupo de jurisdicciones que adoptaron iniciativas similares.
Los OGM son aquellos cuyo genoma es alterado de una forma que no hubiese ocurrido naturalmente. Estos organismos son sometidos a un proceso en el cual el polen de una especie es transferido a otra especie relacionada con el objetivo de lograr un nuevo cultivo con el propósito de realizar una recombinación genética. También son denominados OGM aquellos organismos sometidos a procedimientos de fusión celular. Los OGM tienen el propósito de crear determinados rasgos deseados en los cultivos. A tales fines, se ha definido un OGM como un animal, planta u organismo cuya estructura genética ha sido alterada mediante el uso de la ingeniería genética.
«Etiquetar los alimentos que contiene OGM ya es un requisito en los países que comprenden la Unión Europea. También lo es en China, Rusia, Australia, Japón y 64 otras naciones. Una simple etiqueta que nos informe qué estamos introduciendo en nuestro organismo tiene que ser un derecho, no una opción», sostuvo el legislador estadista.
En Estados Unidos no existe una regulación federal que reglamente los OGM de forma uniforme a nivel nacional. A pesar de lo anterior, en más de 30 Estados ya se han discutido públicamente proyectos para prohibir o regular su uso.
Alaska, en protección de su industria pesquera, la cual representa unos $300 millones al año, prohibió toda la acuacultura de peces OGM y requirió que se etiquetaran todos los peces y productos de peces con esos organismos genéticos.
Según Llerandi Cruz, estudios científicos han revelado que el consumo de los OGM ocasiona daños a la salud, tanto a seres humanos como animales. Entre las consecuencias negativas a la salud, estudios han concluido que éstos provocan alergias alimenticias debido a la introducción de genes que transportan nuevas proteínas.
Otro asunto que mantiene preocupado al consumidor es el uso de herbicidas como el Roundup, que es el de mayor uso, por los efectos que puede tener en nuestra salud y medio ambiente. Investigaciones realizadas demuestran que el aumento de cultivos de OGM ha provocado un gran aumento en el uso de herbicidas, que amenaza nuestra salud y nuestro medio ambiente. La mayoría de los cultivos transgénicos están diseñados para tolerar el glifosato asesino de hierba mala, comercializado como Roundup.
«Nuestra Isla no ha estado ajena al uso de los citados productos. Conforme a un reporte publicado en el 2011 en Puerto Rico hay al menos siete compañías multinacionales que desarrollan semillas genéticamente modificadas en productos tales como maíz, soya, algodón y sorgo, entre otros; y se sitúa como uno de los centros de investigación más grandes del mundo contando con 8 empresas que se dedican a tales propósitos. En total, dichas empresas ocupan un total de 6,000 acres públicos y privados, según datos de la Asociación de la Industria de Biotecnología Agrícola de Puerto Rico», añadió el representante por Arecibo y Hatillo.
El proyecto obligaría, además, a que todo alimento que sea procesado parcial o completamente implementando procesos de ingeniería genética; o que dichos alimentos contengan ingredientes genéticamente modificados y que sean distribuidos para el consumo humano dentro de Puerto Rico, tendrá una etiqueta en la que se deberá especificar que el alimento contiene tales ingredientes; o que los mismos fueron elaborados o procesados empleando procesos de ingeniería genética.
El Departamento de Salud, en conjunto con el Departamento de Agricultura, desarrollará un reglamento para establecer el procedimiento a seguir para regular esta práctica.
