La organización que representa a los tenedores individuales de bonos en Puerto Rico, Bonistas del Patio Inc., acogió positivamente la decisión del gobierno de pagar ayer los bonos de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA), ya que es una de las inversiones que más ahorristas tienen. Los intereses de esos bonos, representan para los efectos, las pensiones privadas con las que viven sobre 60,000 puertorriqueños que en su mayoría son retirados y por ende, son más vulnerables.
El director ejecutivo de Bonistas del Patio, Jorge Irizarry, además indicó que la nueva administración de Ricardo Rosselló ha demostrado un gran contraste en comparación a la anterior en sus primeras acciones al establecer una clara intención de cumplir con la deuda y una apertura hacia la transparencia. Irizarry resaltó también que es recomendable que la nueva administración tenga un espacio adicional para poder analizar con claridad el verdadero cuadro fiscal y de flujo de efectivo en las arcas públicas, según aprobó recientemente la Junta de Supervisión Fiscal.
Por su parte el presidente de la organización de bonistas puertorriqueños, Rafael Rojo, indicó sentirse confiado en que una vez la nueva administración y la Junta de Supervisión Fiscal tengan el panorama fiscal más definido, éstos actuarán con prudencia y le pondrán peso a la realidad que viven miles de bonistas puertorriqueños que son tan vulnerables como cualquier pensionado.
Rojo resaltó que hay otra facción importante del bonista puertorriqueño, que es el empresario que tiene su capital atrapado en bonos del gobierno y esto le impide usar ese dinero para invertir en actividades productivas y necesarias en la isla. Un alto recorte al repago a los puertorriqueños sin mitigación, supone un golpe mortal a nuestra economía y un aliento más a la migración. «Nos consta que la administración y varios miembros de la Junta de Supervisión Fiscal tienen muy claras estas consecuencias», expresó.
En ese sentido, Irizarry añadió que hay que actuar con mucha cautela en torno al futuro del Banco Gubernamental de Fomento, pues los bonos de este son la segunda mayor cantidad que los puertorriqueños y las cooperativas tienen como inversión. Sin embargo, esta fue la primera que ocasionó un golpe al bolsillo de los bonistas locales bajo la pasada administración. «Nos ponemos a la disposición del Gobierno y la Junta Fiscal para asistir en buscar alternativas viables que permitan a los miles de bonistas del Banco Gubernamental de Fomento volver a cobrar el dinero que prestaron a esta entidad».
La administración Rosselló pagó ayer intereses de $297 millones de bonos de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), el Sistema de Retiro del Gobierno, la Autoridad para el Financiamiento Municipal, la Compañía de Fomento Industrial, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), y la Autoridad de Transportación y Carreteras (ACT). Sin embargo, no se pagaron otros $312 millones en principal e intereses de deuda pública, incluyendo deuda de obligación general, dos corporaciones públicas y el Banco Gubernamental de Fomento (BGF).
