Foto Archivo
El presidente del Senado Thomas Rivera Schatz anunció hoy que esta considerando citar al presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF), José Carrión, y el presidente de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) Gerardo Portela a una vista pública mañana como “un acto de buena fe y de una transparencia total” para que explique entre otras cosas el presupuesto de $60 millones anuales que ellos tienen.
“Mañana el Senado no va sesionar y estoy contemplando citar al presidente de la Junta como un acto de buena fe..que diga la justificación para dejar oficinas sin presupuesto y discutir todas sus recomendaciones (al presupuesto), las cuales entiendo que las ha hecho en buena fe y nosotros con la misma buena fe estamos reciprocando,” apuntó.
La vista pública será mañana a las 2:00 p.m. en el salón Miguel García, en el anexo del Senado.
Asimismo, indicó que esta decisión la compartirá tanto con el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, como con el gobernador Ricardo Rosselló. Del mismo modo, pidió al sargento de Armas que entregue esta comunicación a los invitados por “todas las vías” incluyendo de forma electrónica. También, serán citadas algunas organizaciones sin fines de lucro entre ellas está Ser de Puerto Rico, Boys and Girls Club, la Cruz Roja y el Centro Sor Isolina Ferré.
Al comienzo de la Sesión Ordinaria, hubo un planteamiento de los miembros de la delegación de la minoría del Partido Popular Democrático (PPD) debatiendo el por qué no se discutiría ante el pleno una carta dirigida al Senado por parte de la JCF que transcendido en los medios durante el fin de semana.
Ante esto, tanto el vicepresidente Larry Seilhamer como el Secretario del Senado Manuel Torres detallaron que la carta, que los medios informan que la JCF ha enviado a los presidentes de los cuerpos sobre su solicitud de que se enmiende el presupuesto, no ha llegado de manera oficial al Senado por lo que no puede ser discutida. De esta forma, esperaran que llegue de manera oficial para considerarla ante el pleno. Luego de estos planteamientos, a la 1:03 p.m. fue recibida la mencionada carta de manera oficial.
Por otro lado, el Alto Cuerpo recibió hoy el Primer Informe Final de la Resolución del Senado 117, de la autoría de Carmelo Ríos Santiago, el cual revela que aunque gran parte de los casos de ejecución hipotecaria que han sido referidos a mediación han logrado resultados positivos, «la realidad es que es muy bajo el porcentaje de casos de ejecuciones que es referido a mediación cada año cuando se compara con la cantidad de propiedades que son ejecutadas anualmente, además, la mitad de estos casos referidos a mediación, se archivan o no logran acuerdos.»
De esta forma, el informe somete una recomendación para establecer salas especializadas para trabajar con la mediación en casos de ejecución hipotecaria.
La medida que investiga los procesos de mediación judicial entre acreedor y deudor en las ejecuciones hipotecarias del País bajo la Ley 184-2012, la misma fue dirigida por la Comisión de Banca y Cooperativismo que preside el senador por el Distrito de Carolina Eric Correa.
«Las razones, específicamente para estas últimas situaciones con el programa, son desconocidas, pues las estadísticas e información disponible sobre su funcionamiento es muy limitada, nunca se fijó la responsabilidad de fiscalizar los resultados de la mediación, por lo que la data disponible sobre su funcionamiento es muy poca,” reza el Informe.
Igualmente, la misma generó discrepancias sobre el números de ejecuciones bancarias. La Asociación de Bancos (ABPR) indicó que en el 2016 hubo 5,424 ejecuciones siendo este número el más alto de los pasados 6 años. Sin embargo, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) señaló que 2,552 fueron ejecutadas el mismo año y 18,769 se encontraban en proceso para la ejecución.
Sobre los procesos de mediación, la OFIC dice no tener facultad para intervenir en ellos y la ABPR indicó que la falta de uniformidad en los tribunales lleva a duplicidad de esfuerzos entre los casos de mediación y el proceso de mitigación de pérdida Loss Mitigation. Además, indicaron que según ellos la mitigación de pérdida es el modelo más efectivo para evitar una ejecución, proceso que les cuesta sobre $30 mil al acreedor.
No obstante a esto, la ABPR no pudo presentar a la comisión senatorial una estadistica segmentada de todos los bancos sobre la cantidad de deudores que tras recibir alternativas de pago, volvieron a reincidir en la morosidad y terminaron perdiendo sus hogares.
Ante esto, la comisión concluyó que el programa de mediación establecido en la Ley 84-2012 no se ha estado cumpliendo tal y como dispone el estatuto. Principalmente, indica el Informe que esto se atribuye a la falta de interés del sector hipotecario.
La responsabilidad por las fallas en implementar la Ley 184-2012 recaen en varios sectores. La OCIF no mantiene datos actualizados, ni realiza campañas abarcadoras y profundas para que los deudores hipotecarios y los clientes en general de las instituciones financieras conozcan sus derechos, y los programas que están disponibles para ayudarlos.
Desde que entró en vigor la Ley 184-2012 no se ha trabajado en campañas ni programas de difusión que permitan orientar a los deudores sobre los beneficios de la mediación y su disponibilidad como una alternativa para salvar sus casas.
El desconocimiento por parte de las familias ha provocado que pierdan tiempo valioso durante el proceso en busca de la información sobre lo que es la mediación hipotecaria y como funciona. Resulta incomprensible que se alegue que el presupuesto de aproximadamente medio millón de dólares que recibe el Instituto de Educación Financiera de Puerto Rico es insuficiente para difundir el mensaje y solo se invierta en participación en ferias o folletos informativos que no llegan a toda la población. Por otro lado, la Administración de Tribunales tampoco ha hecho grandes esfuerzos porque la implementación de la Ley 184-2012 sea exitosa.
La falta de estadísticas concretas, de orientación adecuada a las partes y de seguimiento en los casos de mediación ha abonado a que el proceso, mediante el cual se supone que aumente el número de propiedades que se recuperan, no sea realmente productivo. Las quejas de desconocimiento por parte de los jueces y de poco interés o conocimiento por parte de los mediadores son constantes entre los deudores hipotecarios que han llegado al proceso de mediación hipotecaria establecido por la Ley 184-2012.
Eso hace evidente que es necesario reforzar ese aspecto de manera que se aumente la efectividad del estatuto.
En asuntos de familia e iniciativas comunitarias se recibió el primer informe parcial de la Resolución del Senado 95, de la autoría de Ríos Santiago, ordena a las Comisiones de Bienestar Social y Asuntos de Familia y para el Desarrollo de Iniciativas Comunitarias realizar una investigación exhaustiva sobre los programas del Gobierno de como “De Vuelta a la Vida” y los programas de rehabilitación en Estados Unidos a los que el Gobierno envía a aquellas personas adictas a sustancias controladas.
