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El alcalde novoprogresista de Aguada, Manuel ‘Gabina’ Santiago Mendoza mantiene a un funcionario en un puesto por 84 días en pleno desafío a la Legislatura Municipal, ya que dicho cuerpo rechazó tal nombramiento. La denuncia la hizo en la mañana de hoy el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Legislatura Municipal de Aguada, Christian E. Cortés Feliciano, quien envió una carta a la Contralora de Puerto Rico, Yesmín M. Valdivieso, en la cual denuncia la ilegalidad de tal acto.
«Durante el pasado jueves, 20 de abril de 2017, la Legislatura Municipal de Aguada se reunió en Sesión Extraordinaria a los fines de considerar, entre otras cosas, el Proyecto de Resolución Núm. 18. Dicho Proyecto de Resolución tenía el propósito de confirmar al Sr. Juan H. González Millayes como Director de Obras Públicas Municipal. Luego de un abrupto proceso legislativo, la Legislatura Municipal rechazó dicho nombramiento. No obstante, al presente han pasado 84 días y el señor González Millayes continúa ocupando el puesto de forma ilegal», indicó el también ingeniero.
El legislador municipal destacó que con posterioridad a que la Legislatura Municipal rechazara el mencionado nombramiento, el sub-director del referido Departamento, el Sr. Carlos Orama, ha sido la persona encargada de firmar las nóminas. Empero, expresó que la función de jefe la ha ejercido en la práctica el señor González Millayes.
Cortes Feliciano destacó que tan reciente como el 13 de febrero de 2015, el informe de auditoría M-15-19 emitido por la Oficina del Contralor hace un señalamiento a un municipio por mantener a un funcionario ocupado ilegalmente el puesto de Secretario Municipal durante un período de tiempo sin ser confirmado por la Legislatura Municipal. Señaló Cortes que el referido informe dispone que las actuaciones y decisiones de un funcionario que ocupe un puesto luego de que su nombramiento fuera rechazado por la Legislatura Municipal pueden ser objetadas en perjuicio del Municipio.
Por último, expone que el mencionado informe se señala que esta situación da base a que el funcionario devengue determinada cantidad de dinero indebidamente al permanecer en un puesto luego de la Legislatura Municipal haber rechazado su nombramiento.
