En momentos en que se impulsa la transferencia de varias instalaciones del Programa de Parques Nacionales a los municipios, trascendió que el Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles del gobierno no aprobó las transacciones propuestas por la legislatura para el Balneario de Punta Salinas y la isla de Cabra, ambos en Toa Baja; y el parque Julio Enrique Monagas, de Bayamón.
Así lo dio a conocer el presidente de la Federación Central de Trabajadores (FCT, local 481 UFCW), Juan Cortés Valle, quien explicó que la información no se dio a conocer públicamente y que no fue hasta ayer que la unión tuvo acceso al documento firmado por los miembros del comité: Christian Sobrino Vega, Manuel Laboy Rivera y José I. Marrero Rosado el 23 de octubre del año pasado.
«Es importante dar a conocer esta información porque se están aprobando resoluciones al montón por chavo en la legislatura para traspasar las propiedades de Parques Nacionales de gran valor natural y turístico, especialmente balnearios, a municipios que fiscalmente no pueden ni mantener su nómina», declaró el líder sindical.
Dijo que tras la aprobación de varias resoluciones conjuntas para que se estudie la posibilidad de la transferencia de importantes balnearios, hay ejecutivos municipales dando por sentado que ya son dueños de los balnearios, lo cual es incorrecto. El Comité primero evalúa la viabilidad de esas posibles trasferencias de titularidad. No existe una transferencia automática según quieren los alcaldes, recalcó el dirigente sindical.
«Nosotros aplaudimos la decisión del Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles con respecto a estas propiedades y auguramos que va a pasar lo mismo con las resoluciones para las transferencias de cuatro balnearios porque el récord está que se aprobaron aun en contra de la recomendación de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf)», explicó Cortés Valle.
Las resoluciones para estudiar la transferencia a municipios se aprobaron la semana pasada por los cuerpos legislativos para los balnearios de: La Monserrate (Luquillo), Seven Seas (Fajardo), Boquerón (Cabo Rojo) y Cerro Gordo (Vega Alta).
Aafaf dijo en memorial a la legislatura que esa acción va en contra de la política pública de la misma Asamblea Legislativa que aprobó la Ley 171 del año pasado para implementar el «Plan de Reorganización del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de 2018».
Mientras, el Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles del gobierno indicó que «concluimos que lo solicitado en las resoluciones va en contra de la política pública establecida en la Ley 26 (Ley para el cumplimiento con el Plan Fiscal)».
«Los trabajadores de la FCT nos oponemos a esas transferencias que implican que el país no tenga un programa con políticas públicas bien definidas para la operación de los balnearios, que son recursos naturales incalculables. Estas acciones promueven las privatizaciones y el aumento en costos de los servicios de unas instalaciones que muchas veces son la única alternativa de recreación para las familias trabajadoras», sostuvo el presidente.
«Aquí lo que se necesita es que finalice el proceso de transición del Programa de Parques Nacionales al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y que con los aumentos en presupuesto que va a recibir esa agencia, se destine dinero para terminar de acondicionar estas instalaciones», puntualizó.
Cortés Valle criticó que los cuerpos legislativos no hicieron vistas públicas para escuchar el sentir del pueblo y de los trabajadores de esas instalaciones públicas.
«Que le quede claro a los entes políticos, que los trabajadores vamos a defender los balnearios, centros vacacionales y demás instalaciones de Parques Nacionales. No vamos a dejar que se destruya y privaticen estos bienes del pueblo», aseveró.
