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La propuesta de celebrar otra consulta plebiscitaria sin el aval del Congreso federal, sumado a una consulta simbólica sobre la presidencia de Estados Unidos el mismo día de las elecciones (martes, 3 de noviembre), le costaría al pueblo unos $5 millones en fondos públicos, cantidad que el abogado barranquiteño Orlando José Aponte Rosario considera un despilfarro de fondos públicos, ya que ambas consultas son meros caprichos políticos sin consecuencia jurídica alguna.
Por esta razón, el también candidato a la Cámara de Representantes por el distrito 26 (Barranquitas, Villalba, Orocovis, Coamo) por el Partido Popular Democrático (PPD) presentó una petición de mandamus contra la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para que se cancele el plebiscito simbólico ‘estadidad sí o no’ por considerarlo una erogación de fondos públicos para adelantar una causa que es exclusiva del Partido Nuevo Progresista (PNP), así como la consulta para votar por el Presidente y Vicepresidente de los Estados Unidos, en vista de que los residentes en Puerto Rico no tienen ese derecho por disposición federal.
En el recurso radicado el pasado viernes, se solicita que se declare inconstitucional la Ley 12-2018 y la Ley 51-2020, de conformidad con el precendente resuelto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en Baez Galib vs. Comisión Estatal de Elecciones. «Entre ambos casos, dichas leyes asignan hasta $5 millones para impresión de papeletas y pagar publicidad, entre otros gastos. Aunque se puede argumentar retóricamente que la democracia es tan valiosa que no tiene precio, en estos dos casos todos sabemos que el resultado final es totalmente inconsecuente», aseguró Aponte Rosario.
El abogado añadió que «es evidente que la única razón para justificar este gasto de fondos públicos es intentar que los estadistas salgan a votar el día de las elecciones. Ante la crisis fiscal, económica y de salubridad que vive el país es un disparate asignar tal cantidad de fondos públicos. De hecho, el Departamento de Justicia Federal no ha avalado el plebiscito y todo apunta a que van a emitir una determinación en contra de la consulta por ser una pregunta capciosa para inducir a error a los electores. Tampoco estas consultas están presupuestadas en el plan fiscal aprobada por la Junta de Control Fiscal y no hay alguna autorización por parte de esa entidad para autorizar el desembolso de esos gastos», finalizó Aponte Rosario.
