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La representante Estrella Martínez Soto, presidenta de la Comisión Sobre los Derechos del Consumidor, Servicios Bancarios e Industria de Seguros de la Cámara, informó que el gobernador Pedro Pierluisi vetó el Proyecto de la Cámara 1025, que buscaba proteger a los consumidores de seguros en Puerto Rico. «El gobernador de Puerto Rico nuevamente le da la espalda a la gente humilde de Puerto Rico y se va del lado de las aseguradoras y los grandes intereses. El cabildeo de las aseguradoras no rindió fruto en la Asamblea Legislativa y sus argumentos legales no prosperaron en la Rama Judicial al parecer dos cuerpos constitucionales entienden lo importante que es esta medida para nuestra gente humilde, pero para el gobernador las aseguradoras tienen más importancia que la gente.», señaló la legisladora. Con esta medida se buscaba elevar a rango de ley la determinación del Tribunal Supremo de Puerto Rico en Feliciano Aguayo v. Mapfre Panamerican Insurance Company donde nuestro más alto foro declaró ilegal la acción desleal por parte de las aseguradoras de enviar cheques sin explicación para cerrar reclamaciones y no pagar por la totalidad de los daños sufridos por un asegurado. «Nos resulta irónico que el Gobernador diga que está preocupado por la recuperación del país y vete esta medida que le haría justicia a miles de puertorriqueños que hoy en día después de pagar por años un seguro no han podido recibir una compensación digna para reparar sus hogares luego de la devastación de los huracanes Irma y María», indicó Martínez Soto. Esta medida enmendaba el Código de Seguros de Puerto Rico para establecer que ninguna compañía de seguros podrá extinguir una obligación mediante la figura de pago en finiquito, sin antes proveer al asegurado una explicación detallada, por escrito y oral, sobre el alcance y consecuencias de recibir dicho pago. La medida se había aprobado a pesar de la oposición de la minoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes. Dicha delegación votó en bloque para tratar de evitar su aprobación.
«El pasado 24 de marzo le solicité al Gobernador que aprobara esa medida en beneficio de todas las personas que compran seguros y esperó al último día para anunciar el veto. Nuevamente estamos ante un gobierno que no interesa beneficiar a los ciudadanos, porque este P. de la C. 1025 no tenía costo alguno para las aseguradoras más allá de informarle debidamente a sus clientes antes de hacer el pago finiquito», culminó la representante del distrito 27 de Aibonito, Coamo, Juana Díaz, Santa Isabel y Salinas.
