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El presidente de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico y alcalde de la Ciudad de Arecibo, Carlos Molina, se expresó hoy en contra de la decisión de la Junta de Supervisión Fiscal de demandar al Gobierno de Puerto Rico con el propósito de derogar la Ley 29-2019, la cual exonera a los municipios de Puerto Rico de la obligación de pagar una aportación municipal a los Sistemas de Retiro mediante el método conocido como «Pay as you Go» y al Plan de Salud del Gobierno.
«Con esta acción la Junta de Supervisión Fiscal pretende desmantelar a los municipios de Puerto Rico, lo que afectará a su vez todos los servicios esenciales que ofrecemos a nuestros constituyentes, tales como el recogido de la basura, mantenimiento de parques y áreas recreativas, manejo de emergencias, ayudas a personas de edad avanzada y escasos recursos, repavimentación de carreteras, construcción de nueva infraestructura en nuestras comunidades, limpieza y ornato, entre muchos otros», expresó Molina.
Por otro lado, Noé Marcano, primer vicepresidente de la Federación y alcalde de Naguabo, expresó que el gobernador Ricardo Rosselló cuenta con el respaldo de todos los alcaldes de Puerto Rico en este proceso que se decidirá en el Tribunal Federal.
«Esta decisión de la Junta no solo afecta los servicios que brindamos los municipios, sino que podría poner en peligro el sustento de las familias de cientos de empleados municipales. El Gobernador de Puerto Rico no está solo y tiene el respaldo de los 78 alcaldes de nuestra Isla para dar la batalla en los tribunales en contra del empeño de la Junta de desmantelar los municipios, siendo los pueblos pequeños como Naguabo los más afectados», expresó Noé Marcano.
El alcalde de Naranjito y segundo vicepresidente de la Federación, Orlando Ortíz, expresó también que «la Ley 29-2019 le hace justicia a los municipios de Puerto Rico porque alimenta el Fondo de Equiparación que actualmente se encuentra en peligro de desaparecer al eliminar los subsidios del Estado a los Municipios. Sin el dinero del Fondo de Equiparación, sobre 40 municipios, en su mayoría pequeños y medianos, tendrían serios problemas para continuar sus operaciones, lo que conllevaría al cierre de los mismos en los próximos 5 años. ¿Quién se va a hacer responsable del recogido de basura en nuestros municipios, de ayudar a nuestros envejecientes o de socorrer a nuestra gente en el próximo huracán? ¿La Junta de Supervisión de Fiscal?»
Por su parte la vicepresidenta de la Federación de Alcaldes y alcaldesa del Municipio de Canóvanas, Lorna Soto, hizo un llamado a la unidad del pueblo de Puerto Rico para que se manifiesten en contra de la Junta de Supervisión Fiscal.
«Todos los residentes de Puerto Rico nos veremos afectados de alguna manera por esta decisión de la JSF. En el caso de Canóvanas, podrían afectarse los servicios de Salud que ofrece nuestro Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT), perjudicando así a 95 mil pacientes de Canóvanas y pueblos limítrofes que acuden anualmente a nuestro CDT. Ante injusticias como ésta, hace falta la unidad de nuestro pueblo para defender nuestro derecho a recibir servicios básicos y esenciales. Hago un llamado a toda la ciudadanía a que hagan sentir su rechazo a la derogación de la Ley 29», expresó la alcaldesa de Canóvanas.
