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La Asociación de Abogados de Puerto Rico (AAPR) radicó un alegato como amicus curiae en apoyo al Recurso de Impugnación ante el Tribunal de Apelaciones presentado por un grupo de abogados notarios, solicitando que se declare nulo el “Reglamento para el Uso del Sistema Electrónico para la Venta e Impresión de Sellos y Comprobantes” del Departamento de Hacienda. La AAPR entiende que el Reglamento Núm. 8723, promulgado en virtud del Art. 2.13 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (“LPAU”), no justifica adecuadamente un estado de emergencia que permita su inmediata entrada en vigencia.
El pasado 1ro de abril de 2016, el mismo día del lanzamiento del Sistema de Sellos y Comprobantes Electrónicos de Hacienda, la Agencia publicó bajo el proceso de “emergencia” de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme un Nuevo Reglamento para la Venta e Impresión de Sellos y Comprobantes Electrónicos (Reglamento 8723), el cual establece nuevos y onerosos requisitos para los abogados en la compra de estos aranceles. Entre las disposiciones del mismo, se encuentra el Artículo 14 que dispone:
“Con excepción de los municipios, las entidades autorizadas a actuar como Agentes Vendedores, mediante el uso del Sistema, a su vez, quedan autorizadas a cobrar al público un cargo por servicio sobre el valor del Sello o Comprobante. Este cargo podrá ser entre $0.25 hasta un máximo de dos punto cinco por ciento (2.5%) del valor total del Sello o Comprobante vendido, lo que sea mayor.”
“La Asociación de Abogados de Puerto Rico, asumiendo su responsabilidad para con sus miembros y el pueblo, ha presentado este recurso legal ya que la controversia planteada en este caso afecta a un sinnúmero de personas que no están presentes en el litigio. La nulidad o vigencia del Reglamento aflige a: (1) la comunidad de abogados que la AAPR se encarga de proteger; (2) los clientes que estos abogados representan; (3) el acceso a la justicia, que es uno de los pilares de nuestra democracia; y, (4) la economía de Puerto Rico, un sector de gran interés público y de particular urgencia en el presente”, expresó el Lcdo. Ramón L. Rosario Cortés, Director Ejecutivo de la Asociación.
Hasta hace unas semanas, y por los pasados años, bancos, cooperativas y municipios han ofrecido para la venta sellos y comprobantes digitales sin cobrarle un cargo adicional al consumidor.
“Hacienda a quien va a penalizar es al ciudadano. Hacienda, por vía administrativa, y por medio de un reglamento nulo, acaba de aprobar un impuesto sobre un impuesto, el cual el ciudadano y el comercio estarán obligados a pagar”, finalizó el Lcdo. Rosario
