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El presidente de la Comisión de Educación, Abel Nazario Quiñones espera subsanar «discrepancias fiscales» con la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y así se reduzca el impacto fiscal que tendría para el Departamento de Educación (DE) la aprobación de la Ley para la Educación de Niños y Jóvenes con Discapacidades en Puerto Rico.
«No puede ser más de $40 millones y se va a poder lograr. Yo lo que quiero asegurarme es que lo que someta ante el pleno del Senado cumpla con tres cosas, que cada niño de educación especial tengo mayores recursos disponibles, que el proyecto cumpla con los requisitos de la Junta de Control Fiscal, en cumpliendo con la Ley Promesa y ver cómo se puede economizar en servicios.», sostuvo Nazario luego que los representantes de la OGP, Facundo Di Moreno y Osvaldo Guzmán estimaran el impacto de esta ley en sobre $175 millones siendo esto un número que tendría discrepancias luego que el Senador y el secretario asociado de Educación Especial del DE, Eliezer Ramos presentara números menores en algunas partidas.
Ante esto, el Senador dió a OGP dos semanas para resolver esas «discrepancias» y dijo que trabajaría en conjunto con las agencias para lograr atender todas las preocupaciones fiscales. Entre estas, se destacó la discrepancia del estimado en costos de los jueces administrativos de educación especial, los cuales basados en números de OGP estos costarían $542 mil, siendo esto una equivocación, el DE y la Comisión explicaron que el costo anual solo era de $72 mil. Estas expresiones surgieron en vista pública de la Comisión de Educación que atendía el Proyecto de la Cámara 1484.
Esta medida también crearía la Secretaría Asociada del Programa de Educación Especial del Departamento de Educación, un Panel Asesor de Educación Especial y una Comisión Conjunta para la Educación de Niños y Jóvenes con Discapacidades de la Asamblea Legislativa. Además, busca enmendar o derogar más de 5 leyes que impactan directamente los servicios que se les ofrecen a estos estudiantes.
Cabe señalar que en esta audiencia, al atenderse problemáticas de la población con discapacidades, contó con una persona que interpretó en lenguaje de señas todo lo sucedido. Nazario además dijo que siempre que su Comisión atienda estos temas contarían con un intérprete para que la población pueda conocer los procesos legislativos que inciden directamente en sus derechos.
Sobre el proyecto, Nazario Quiñones expresó que el problema principal es que «la capa administrativa (de las agencias), se come la capa de servicios» y que trabaja para revertir esto y que que cada niño de educación especial tengo mayores recursos disponibles.
Asimismo, levantó preocupación sobre los choques que puedan tener la Ley Promesa y la Ley Federal Individuals with Disabilities Education Improvement Act de 2004 (Ley IDEIA). «Ya estoy asesorándome sobre esto para ver hasta dónde llega una y la otra. Porque aparentemente hay casos ante la Jueza Federal hablando sobre este tema y quiero ver los lineamientos que la jueza estableció….. Es importante reseñar que los fondos federales de IDEIA están condicionados a cumplimientos y el tribunal del distrito local ha sometido opinión sobre la Ley Promesa».
De ser aprobada, esta Ley aseguraría la prestación de servicios educativos inclusivos a 105,827 estudiantes entre los 3 a los 21 años que atiende el Departamento de Educación. De este total, 12,391 son estudiantes de 3 a 5 años, sostuvo el DE mediante una gráfica.
Sobre la cantidad de maestros de educación especial, el Senador indicó que hay 4,902 en el DE para este año. Asimismo, dijo que para el jueves le suministraría a las agencias un borrador del proyecto para «ver lo que hemos adelantado y así afinar los números y ver la realidad presupuestaria». Mañana la Comisión tiene citados a deponer al Departamento de la Familia y la Defensoría de Personas con Impedimentos.
