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La Asociación de Inspectores de Juegos de Azar (AIJA) recurrió al Tribunal de Apelaciones solicitando se declare ilegal el nuevo reglamento que impuso la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) para operar las máquinas tragamonedas en el aeropuerto y con el cual se excluyó la presencia de inspectores en esas salas de juego.
El recurso, que fue presentado el pasado 11 de octubre, establece que la aprobación del Reglamento 8788 violó disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme porque la CTPR pasó por alto varios requisitos indispensables que, según la ley, se requieren previo a la aprobación de un reglamento.
El escrito legal señala que Turismo se negó celebrar vistas públicas sobre esta nueva reglamentación, no circuló una notificación específica detallando la fecha en que se celebrarían las vistas públicas, no comunicó la fuente legal que autoriza su adopción, ni publicó el aviso de reglamentación en la red de Internet, como exige la ley.
Según el presidente de la AIJA, Edgardo Lizardi Bonilla, las acciones de la CTPR y de su directora ejecutiva, Ingrid Rivera Rocafort, violan los procedimientos básicos que se exigen antes que una entidad pública pase a adoptar un nuevo reglamento.
«La señora Rivera Rocafort ha actuado de forma arbitraria y caprichosa al aprobar un reglamento a toda prisa sin garantizarle a los ciudadanos la oportunidad de expresar sus puntos de vista. La ley requiere participación de la ciudadanía antes de que una entidad pública adopte una norma que impacte los derechos de personas o grupos y les imponga obligaciones», sentenció Lizardi Bonilla.
El líder gremial añadió que el Reglamento 8788 también violenta la Ley de Juegos de Azar de Puerto Rico, que es la que regula cualquier operación de juegos en el país y la que determina cómo se fiscalizan dichas operaciones, incluyendo la sala de juegos de los aeropuertos.
También enfatizó que el nuevo reglamento impuesto por Rivera Rocafort, «sin vistas públicas, a oscuras y sin participación ciudadana», autoriza la instalación de casinos y salas de juegos sin la presencia de inspectores autorizados, que son quienes tienen la responsabilidad de fiscalizar la operación de las máquinas tragamonedas para garantizar la seguridad de los jugadores.
El dirigente recordó que en la Compañía de Turismo siempre se han celebrado vistas públicas antes de adoptar un reglamento de la Ley de Juegos de Azar, no solo porque la Ley lo exige, sino porque ha sido la norma. Destacó, incluso, que esta administración fue quien aprobó el nuevo Reglamento de Juegos de Azar y el Manual de Procedimientos de Juegos de Azar en el 2015, luego de un proceso de vistas públicas celebrado en el 2014.
A tales efectos, Lizardi Bonilla cuestionó las razones por las que se aprobó el Reglamento 8788 sin audiencia pública luego que en el 2014 se celebraron vistas para revisar el nuevo Reglamento de Juegos de Azar.
Agregó que, según dicta la ley, los inspectores son quienes están a cargo de la supervisión y fiscalización de la operación de tragamonedas y juegos de mesa en Puerto Rico. Además, son los que deciden, en última instancia, cualquier reclamación o controversia que surja en relación a la operación de tragamonedas dentro de una sala de juegos.
«Turismo ha procedido a la aprobación ilegítima de un reglamento exclusivo para operar un casino en el aeropuerto. La forma en que se aprobó ese reglamento levanta sospechas sobre qué intenciones pueden haber tras ese acuerdo que, hasta el momento, ha resultado ser un negocio pernicioso para el país», acotó Lizardi Bonilla.
El líder de los inspectores insistió que el Reglamento 8788 pone en riesgo las garantías de seguridad a las que están acostumbrados los jugadores en la isla al excluir la presencia de inspectores en las salas de juego.
Esa situación, dijo, también pudiera afectar la imagen que pretende proyectar el País.
«Turismo incumplió con la ley y adoptó un reglamento, cuya forma de aprobación levanta serias y graves dudas, para dar paso a la operación de un casino en el aeropuerto que fácilmente pudiera prestarse para acciones fraudulentas», sentenció.
«Nuestra isla ha ganado un nivel de prestigio y reconocimiento turístico mundial, en parte por el manejo adecuado de sus casinos de juegos. Se trata de una industria que está regulada y en la que la gente confía porque reconocen la pericia y honradez del personal de inspectores que velan por los derechos de los consumidores y por el buen manejo de las máquinas de juego», concluyó.
