NoticiasPRTV Con la verdad primero siempre…
El expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández, emplazó hoy, domingo, a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, a que devuelva inmediatamente el dinero público que despilfarró en la otorgación de un contrato ilegal a la hermana del exrecaudador estrella del Partido Popular Democrático y ahora convicto federal por corrupción, Anaudi Hernández Pérez.
Aponte Hernández también exigió respuestas sobre la disparidad en la escala de compensación por servicios prestados que se le brindó a la hermana del convicto federal en comparación con los otros recursos educativos, así como también la necesidad de desarrollar cursos en línea cuando el Colegio Universitario de San Juan no estaba acreditado para ello.
Según explicó el líder legislativo en conferencia de prensa celebrada en el Comité Estatal del Partido Nuevo Progresista (PNP), uno de los contratos que otorgó la alcaldesa capitalina a Jaycelin Hernández Pérez, mediante el Colegio, es ilegal pues el mismo fue dado para pagar retroactivamente servicios prestados sin contrato.
«La Alcaldesa tiene mucho que explicar al pueblo de San Juan sobre la contratación de esta persona y los pormenores que rodearon la misma. La Alcaldesa no habló claro cuando se le preguntó directamente sobre esta contratación, también ha intentado ocultar varios asuntos vitales sobre la misma. Por ejemplo, de los cuatro contratos que ella ‘no sabía’ que le dio a Jaycelin Hernández, uno (contrato número 2014-001478) fue para sufragar servicios ya prestados, violando así la Ley 18-1975. Por la forma ilegal en que fueron pagados los mismos, esos dineros tienen que ser devueltos al Municipio», señaló el representante del PNP.
El referido contrato fue otorgado el 3 de enero de 2014 por servicios rendidos anteriormente, en diciembre de 2013, y para los que no había un contrato firmado antes de proveer los servicios.
Según establece la Opinión Consultiva 13-47B emitida por el Departamento de Justicia bajo la dirección del exsecretario José Sánchez Betances con fecha de 8 de octubre de 2013, en lo que respecta a las formalidades que se exigen para todo contrato gubernamental, la Ley Número 18 de 30 de octubre de 1975, según enmendada impide que se exijan prestaciones y contraprestaciones relacionadas a un contrato gubernamental hasta tanto se haya dado cumplimiento al otorgamiento y registro del contrato en la Oficina del Contralor, y como consecuencia resulta contrario a dicha normativa autorizar la contratación, con vigencia retroactiva, sin que se haya cumplido con el requisito de otorgamiento previo del contrato y su presentación en la Oficina del Contralor.
Dicha Opinión advierte, además, que la ley aplicable y la jurisprudencia interpretativa es clara al establecer como requisito sine qua non el que exista un documento escrito, suscrito por una autoridad competente, antes de requerir o exigir la prestación de servicios en el Gobierno.
«Existen muchas interrogantes que no nos permiten validar la versión de la Alcaldesa. No sólo está el asunto de este contrato ilegal, también el ‘issue’ que los instructores en el mencionado Colegio devengan un salario de alrededor de $1,800 al mes. Sin embargo a esta persona se le entregó un contrato por $4,200 por apenas 15 días de trabajo en agosto de 2014 y otro de $7,200 por dos meses de labor. Esto sin decir nada del de $1,320 que se otorgó en pleno juicio federal cuando ya el nombre de esta persona había salido a relucir», añadió el legislador nuevoprogresista.
En el séptimo día del juicio, la fiscalía federal presentó varios testigos para autenticar prueba, que presentaría en el proceso, y para continuar desenredando el entramado de compañías y acciones que Hernández Pérez ideó para lograr contratos de sobre $2.1 millones. La testigo Evelyn Cruz, quien trabajó para Jeyceline, declaró ese dia que redactó propuestas para conseguir contratos gubernamentales.
Por otra parte, Aponte Hernández mostró una carta de la Middle States Commission, entidad que acredita instituciones educativas en los Estados Unidos y sus jurisdicciones, fechada el 20 de noviembre de 2014 en la cual se confirma que el Colegio Universitario de San Juan no está acreditado para ofrecer cursos ‘online’ como los que alegadamente se contrató a Jeyceline Hernández Pérez para diseñar.
Para concluir, el representante por acumulación no descartó referir estos asuntos a la Oficina de Ética Gubernamental para una evaluación más profunda.
«Entendemos que existen posibles violaciones, no sólo a la Ley 18-1975, pero también a varios Artículos de la Ley de Ética Gubernamental, por eso estamos evaluando hacer un referido a dicha dependencia. Aquí la verdad tiene que salir a la luz pública. Basta ya de hacer las cosas en cuartos oscuros para engañar al pueblo. El candidato a la gobernación por partido popular, David Bernier, y la Alcaldesa de San Juan, tienen la responsabilidad de decir toda la verdad sobre el rol de Anaudi Hernández en sus respectivas campañas».
