Foto Archivo
El presidente del Partido Popular Democrático (PPD) en Guaynabo y candidato a la alcaldía, Ricardo ‘Richie’ Vicéns, y el candidato a la Cámara de Representantes por el distrito 5 de San Juan Guaynabo y Aguas Buenas, Luis Gallardo, denunciaron que se acerca otra ronda de expropiaciones en varias comunidades por parte del alcalde Héctor O’Neill. Durante los últimos meses la legislatura municipal de Guaynabo aprobó varias resoluciones para llevar a cabo expropiaciones en comunidades especiales de este municipio.
A manera de ejemplo, mediante una Ordenanza Municipal se autorizó al Alcalde «a efectuar la ya mencionada compraventa mediante compra directa o por el procedimiento judicial de expropiación forzosa» en la barriada Vietnam. Sin embargo, la jueza Leticia Ortiz Feliciano del Tribunal de San Juan emitió una sentencia en diciembre de 2014, ordenando al municipio a realizar primero una consulta comunitaria entre los residentes antes de expropiar cualquier propiedad que se encuentre dentro de una comunidad protegida. La delegación popular de la legislatura Municipal votó en contra de estas y otras medidas similares.
La consulta comunitaria es un requerimiento de la Ley Núm. 1 del 2001, mejor conocida como la Ley de Comunidades Especiales. Sin embargo, el Municipio de Guaynabo ha desplazado residentes de bajos ingresos de la comunidad Vietnam durante los últimos años para la construcción de un hotel y casino sin cumplir con dicho requisito. «Nosotros exigimos que si requiere el desplazamiento de cientos de familias, que se cumpla con la Ley y se permita la participación de los afectados,» indicó Vicéns.
Por otro lado, el municipio radicó una demanda contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico para remover las protecciones de la Ley. El año pasado, el juez Carlos Carrasquillo Soto del Tribunal de San Juan, decidió a favor del alcalde O’Neill. Sin embargo, el caso actualmente se encuentra en el Tribunal de Apelaciones, donde el municipio alega que la Ley viola los principios de autonomía municipal. «Soy municipalista,» indicó Gallardo, «pero la participación ciudadana tiene rango constitucional y la autonomía municipal no. Mientras los casos permanezcan en apelaciones, el municipio está impedido de realizar expropiaciones sin cumplir con la Ley y los deseos de la comunidad.»
