Un número de organizaciones sin fines de lucro, con base en el oeste, han declarado un estado de emergencia ante la negativa de la Asociación de Suscripción Conjunta (ASC) de aprobar una transacción financiera que capitalizaría el Fondo Legislativo de Impacto Comunitario del cual se beneficiarían 788 entidades en toda la Isla.
Según la Ley 157 – 2015, la Junta de Directores de la ASC deberá aprobar en o antes del 3 de noviembre una declaración extraordinaria de dividendos la cual seria dividida entre las compañías del seguro compulsorio y el gobierno. Según consta en el texto de la medida, $21 millones de la porción del Estado serían destinados al Fondo Legislativo de Impacto Comunitario.
«Hacemos un enérgico llamado a la Junta de Directores de la ASC para que apruebe dicha transacción de la cual depende la continuidad de servicios a cientos de miles de puertorriqueños que reciben servicios de organizaciones del tercer sector», declaró Maria Teresa Santiago, Directora Ejecutiva del Centro de Adultos y Niños con Impedimento con sede en Isabela.
Por su parte Josean Feliciano, Vicepresidente Ejecutivo de Puerto Rico Industries for the Blind, destacó que «nuestras organizaciones han estado agotando los recursos disponibles para asegurar la continuidad del servicio. A pesar de la dilación en la otorgación de estos fondos nos hemos mantenido operando, pero el sentir de la mayoría de las entidades es que si esta transacción no se aprueba en los próximos días la provisión de servicios a la ciudadanía por parte de estas organizaciones se verían afectadas».
Los directivos de las entidades destacaron que en la medida se asignan más de $2.5 millones a 103 entidades en la zona oeste que proveen servicios a mujeres maltratadas, personas con impedimentos, instituciones educativas y deportivas, entre otros.
«Las compañías aseguradoras se han caracterizado por desarrollar campañas de responsabilidad social empresarial, es hora de que este sector demuestra su compromiso con las entidades sin fines de lucro aprobando esta transacción. De lo contrario, comenzaremos a ver organizaciones limitando su servicio a sectores desaventajados», dijo Magdalena Jimenez, Directora Ejecutiva del Hogar de Niños Regazo de Paz en Aguadilla.
Los representantes de las organizaciones culminaron haciendo un llamado a los directores, participantes y receptores de servicio a llamar a las oficinas de la Asociación de Suscripcion Conjunta, la Cooperativa de Seguros Multiples, Multinational Insurance, Guardian y MAPFRE para solicitar la aprobación de dicha transacción.
Por su parte, Ester Caro, Directora Ejecutiva de la Asociación Mayagüezana de Personas con Impedimento concluyó que «sería triste que se afecte la población que menos tiene, para la cual no existen alternativas en la comunidad».
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Sobre las ONG’s: Según la firma Estudios Técnicos, en Puerto Rico hay 11,570 organizaciones sin fines de lucro registradas en el Departamento de Estado, que proveen servicios a más de 700,000 personas en Puerto Rico. Éstas organizaciones generan 150,410 empleos a tiempo completo, lo que equivale el 16% del empleo total del país. Al contabilizar la aportación de las organizaciones, se estima que su impacto representa alrededor de 6.6% del Producto Nacional Bruto. Por cada dólar que el gobierno transfiere a una OSFL para ofrecer servicios de salud y educación tendría que invertir: $7.00 en salud y $20.00 en la educación para proveer estos servicios
