El Senado tiene bajo su consideración tres proyectos de ley para incorporar enmiendas a la Ley de Armas a fin de decretar una amnistía de 90 días para entregar armas ilegales, conceder poder a la Superintendencia para disponer de ellas y para establecer el cobro de $10 por el trámite relacionado con la titularidad de la licencia de armas de fuego.
Los proyectos del Senado son de la autoría del senador Miguel Laureano Correa y fueron presentadas el pasado viernes con el único propósito de actualizar las disposiciones de la Ley para atemperarlas a la realidad actual.
El proyecto que dispone sobre la amnistía, enmendaría el Artículo 7.11, de la «Ley de Armas de Puerto Rico», a fin de declarar una amnistía general de noventa (90) días desde la vigencia de la aprobación, para que toda persona que tenga o posea un arma de fuego o municiones obtenidas de forma ilegal, pueda deshacerse legalmente de las mismas, entregándolas de forma voluntaria a la Policía, sin que se inicie contra su persona procedimiento penal alguno. «Toda persona que entregue voluntariamente a la Policía un arma de fuego ilegalmente adquirida, encontrada sin que se conozca su procedencia, o que de cualquier otro medio ilegal llegue a su poder y que constituya posesión o tenencia ilegal, no será acusado ni procesado por infringir ningún estatuto o ley que penalice dicha posesión o tenencia ilegal o contraria a la ley, entendiéndose que la presente amnistía se limita estrictamente a la posesión incidental para la entrega de ésta», señala la medida.
En 2012, el Gobierno aprobó una amnistía similar de 60 días la cual concedió oportunidad a las personas en posesión de un arma ilegal, entregarla a las autoridades pertinentes. La misma resultó tan exitosa que se aprobó una extensión a la misma. Transcurridos seis años aproximadamente, se entiende indispensable aprobar otra amnistía para beneficio del pueblo de Puerto Rico, según el autor de los proyectos.
Asimismo, la medida dispone que en aras de resolver el problema de almacenamiento de armas, se facultaría a la Policía de Puerto Rico para disponer de las armas recogidas, según disponga el Reglamento de la Policía establecido en su mecanismo de trade-in, conforme a los parámetros legales correspondientes. En las amnistías anteriores no se le otorgó en la Ley a la Policía la autoridad para disponer de las armas entregadas.
«La Policía de Puerto Rico establecerá mediante reglamento los costos por concepto de almacenamiento de armas y/o municiones, y en su consecuencia, no entregará armas y/o municiones almacenadas, hasta tanto se salde el total adeudado .Luego de pasado los tres (3) años de haber recibido dichas armas y/o municiones para su almacenamiento por la Policía de Puerto Rico, ésta podrá disponer de las mismas, según disponga el Reglamento de la Policía establecido en su mecanismo de trade-in», establece una de las medidas.
Laureano explicó que el propósito de dicha amnistía es que toda persona que haya advenido a la posesión de un arma de fuego o municiones mediante herencia, o cualquier forma legal certificada mediante declaración jurada ante notario o que habiendo poseído legalmente un arma de fuego o municiones y haya dejado vencer la autorización a dicha posesión, podrá solicitar una licencia de armas en virtud de la Ley y la inscripción de dicha arma de fuego o municiones, sin que se inicie procedimiento penal alguno por la mencionada posesión ilegal, salvo que el peticionario haya cometido algún delito grave.
Otro de los proyectos que enmendaría la Ley de Armas es el que autoriza a la Policía a cobrar diez dólares ($10.00) por motivo de cualquier traspaso de titularidad de armas de fuegos y municiones realizada por la Policía.
Dispone que lo recaudado por consecuencia de las nuevas disposiciones, irán directamente a las arcas de la Policía con el fin de mejorar el equipo policiaco y para otros fines relacionados.
«En vista de que hace falta actualizar el equipo nuevo de nuestros héroes policiacos quienes día a día exponen su vida para mantener al resto de los ciudadanos en un ambiente seguro, entendemos prudente y necesario, cobrar diez dólares ($10.00) por motivo de cualquier traspaso de titularidad de armas de fuegos y municiones realizada por la Policía, y para que dichas partidas pasen a formar parte de las arcas de la Policía de Puerto Rico», indicó el senador Laureano en las medidas.
Contrastó que el cobro de $10 representa una suma completamente razonable para el ciudadano, en comparación a lo que cobran las armerías privadas por realizar una gestión similar.
