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Lideres de la Alianza de Empleados Activos y Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) manifestaron hoy su oposición a la venta de activos y privatización de la corporación pública, tal y como pretende imponer el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares, por tratarse de una política pública errada que va contra los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico.
A su vez, abogaron por una transformación democrática de la AEE que redunde en una mayor eficiencia en el uso de los recursos del país y más transparencia en la toma de decisiones, lejos de la intervención político partidista, pero siempre defendiendo el carácter público de la corporación.
Para el liderato gremial de la AEE, vender activos o transferir parte o la totalidad de la administración de la Autoridad a manos privadas sugiere el totalizar la generación de ganancias de la producción energética del país, mientras la ciudadanía arrastrará los costos del mantenimiento de las líneas de distribución y transmisión y un ente privado cobrará por administrarlas.
De esa manera, aseguraron, todas las ganancias de la producción de la generación se van a bolsillos privados y los costos por administrar la red de transmisión y distribución las pagará el pueblo. Así el gobierno convierte este derecho esencial en una mercancía sujeta a la ganancia y el lucro.
«La energía eléctrica es uno de los componentes básicos del desarrollo y bienestar del país. La razón de ser de la AEE está vinculada a ofrecer un servicio esencial a la ciudadanía, sin ánimo de aprovecharse de una ganancia corporativa y el lucro. Por eso debe tomarse conciencia sobre las ventajas e implicaciones que existen al contar con una corporación energética en manos públicas», aseguró Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria de Energía y Riego (UTIER).
Para los líderes de la Alianza la ruta de futuro de la AEE debe encaminarse hacia la sostenibilidad en la producción de la electricidad para que ésta sirva de instrumento clave en la transformación de Puerto Rico. Esto debe alcanzarse mediante un plan ordenado, con participación multisectorial y en el que el principal beneficiado lo sea Puerto Rico y las generaciones presentes y futuras.
«En los tiempos en que vivimos es necesario innovar y crear un modelo de generación energética que nos permita controlar permanentemente los costos de la electricidad y lograr más eficiencia en el servicio. No se trata de cambiar a un modelo privado porque la experiencia en muchos países y en estados de Estados Unidos es que la privatización encarece los costos y no atiende las necesidades de la población», aseguró Evans Castro Aponte, presidente de la Unión de Empleados Profesionales Independiente (UEPI).
«La discusión es qué queremos cambiar de nuestro sistema eléctrico, hacia dónde lo queremos llevar y cómo lo hacemos. Esas preguntas no tienen respuestas en la propuesta que anunció el gobernador, quien está motivado por impulsar la privatización para complacer a grupos de inversionistas que llevan años tratándose de apropiarse de la ‘joya de la corona’ del país, que es su sistema de generación eléctrica», agregó Héctor F. Reyes Torres, presidente de la Unión Insular de Trabajadores Industriales y de Construcciones Eléctricas (UITICE).
Para los dirigentes de la Alianza, si el gobierno insiste en su propuesta de privatización sería el comienzo del desmembramiento de una agencia pública que ha sido clave en el desarrollo del país y el principio del fin de los empleos y los derechos de los trabajadores de la corporación.
«La agenda del gobierno no solo busca entregar al sector privado la AEE para que éste comience a generar ganancias. También se persigue acabar con nuestros derechos laborales y empobrecer a nuestros trabajadores. Es una libreto que comenzó el pasado cuatrienio y del que este gobierno se está haciendo eco», puntualizó el líder de la UITICE.
De la misma forma, el liderato sindical de la AEE criticó al gobierno por impulsar la privatización como una táctica demagógica que busca aprovecharse de la angustia de amplios sectores del pueblo que viven a oscuras porque, tras los estragos del huracán María, aún carecen de luz en sus hogares y comercios.
«Los actos intencionales de lentitud en el restablecimiento del sistema eléctrico que hemos sufrido todos los puertorriqueños ha sido un mecanismo de la alta dirección de la AEE para exacerbar el descontento en la ciudadanía y alentar sus planes de privatización, presumiendo que esa es la gran salvación para atender los problemas que enfrenta la Autoridad. Nuestra prioridad en este momento es que todo nuestro pueblo tenga servicio eléctrico», precisó Figueroa Jaramillo.
En tanto, Javier Rodríguez, vicepresidente de la Asociación de Empleados Gerenciales, acentuó no estar de acuerdo con la privatización de la corporación y la venta de sus activos, según anunció el gobernador.
«No podemos permitir que se utilice una crisis para entregar la AEE a los grandes intereses y que se adueñen de nuestros recursos de agua, energía y gas natural. Es momento de transformación y diálogo transparente al pueblo y que nuestros empleados activos y jubilados tengan participación directa en la discusión del asunto. Exhortamos al gobernador trabajar juntos para lograr una verdadera transformación energética que responda a los intereses del pueblo», expresó.
Por su parte, para Johnny Rodríguez Ortiz, presidente de la Asociación de Jubilados de la AEE, la privatización de la corporación también supone un golpe fuerte para la población de empleados jubilados, quienes viven bajo la amenaza de perder su plan médico y de ver reducidas sus pensiones.
«Los jubilados somos trabajadores que dedicamos toda una vida a la AEE y al servicio público de nuestro país. Aportamos a nuestro plan de retiro para garantizar un futuro digno en nuestros años de jubilación. Todo esto puede venirse abajo con la privatización, provocando un empobrecimiento mayor para nuestra gente, que para sobrevivir solo dependen de su pensión como ingreso», dijo Rodríguez.
Agregó que antes de que el gobierno proceda a vender los activos de la AEE al sector privado se debería estudiar otros modelos públicos de producción y generación de energía en Estados Unidos que funcionan eficientemente con estructuras de gobierno que alientan la más amplia participación de la ciudadanía.
Los líderes de la Alianza advirtieron que, en las próximos días, comenzaran una serie de actividades de orientación, concertación con otros grupos y movilización para denunciar y crear conciencia sobre los efectos de la privatización de la AEE para el país y, en particular, para el bolsillo de la ciudadanía.
La Alianza de Empleados Activos y Jubilados de la AEE está integrada por todas las organizaciones que representan a los trabajadores de la corporación pública: Asociación de Empleados Gerenciales, UTIER, UITICE, UEPI y la Asociación de Empleados Jubilados.
