El presidente de la Comisión de Educación y Reforma Universitaria, Abel Nazario, imputó un esquema fraudulento a la modalidad de “educación acelerada”, término que no lo define la Ley habilitadora (Plan de Reorganización Núm.1 de 2010) pero que se ha agrupado dentro de la educación no-tradicional, según la asesora legal externa del Consejo de Educación de Puerto Rico (CEPR), Rosamarie Cabán.
“Esta por la libre y hay una palabra bien fuerte para esto que se llama Fraude. No es no mismo un estudiante de Homeschooling el cual toma su College Board y saca las puntuaciones más altas, a que se le esté robando el dinero por un diploma con el fin de cumplir con un requisito para un trabajo. Muchos pagan $150 y es más dan $200 para que avancen,” denunció el Senador por Acumulación, quien añadió tendrá a su cargo definir este término en la Ley y establecer métricas para regularlas y atajar este esquema.
Muchas instituciones cierran y dejan a los estudiantes sin diplomas ni transcripciones. Asimismo, no cuentan con maestros licenciados ni se encuentran acreditadas por el Consejo. Esto último, por ser un aspecto discrecional para la educación privada, abundó.
Por su parte, la directora ejecutiva interina del Consejo de Educación de Puerto Rico (CEPR) María L. Varas García, propuso que “se tipifique como delito esta situación y a estas personas inescrupulosas que manejan la educación de esta forma”.
No hay una disposición estatutaria sobre esta modalidad no-tradicional de la educación acelerada y queremos impactar ese sector, pero nos hacen falta los recursos que se traducen en toda esta discusión hoy, amplió la asesora externa del CEPR.
“Entre las áreas programáticas, en la división de licenciamiento y acreditación solo trabajan 3 empleados para atender todas las escuelas desde elemental hasta cuarto año y las post secundarias no universitarias,” dijo.
El CEPR como se conoce hoy acredita y otorga licencias a instituciones educativas privadas y públicas desde el nivel preescolar hasta el universitario. Este, cuenta con 8 concejales y un presidente.
“La acreditación va a la calidad de la educación, es un examen más exhaustivo, en el cual hay un reglamento para la acreditación, pero para las escuelas privadas es opcional. El licenciamiento son unos requerimientos mínimos. La acreditación abona a que la institución y sus estudiantes puedan recibir fondos federales,” detalló Varas García.
Por otro lado, Abel Nazario dijo ser necesario se redefinan los requisitos para ser miembro de este Consejo. Esto, ante la necesidad de que estos consejeros sean representativos de los sectores, “esta legislatura tiene que definir porque todo consejo tiene que ser representativo de los sectores que fiscaliza, además el reglamento establece que debe tener algún conocimiento en educación pero no es especifico.”
Ante esto, la directora solo se limitó a indicar que la mayoría de los miembros son personas que fueron o son miembros de la comunidad académica de las universidades. Además, habló sobre el caso del cierre de la institución post secundaria MBTI y que el CEPR son los custodios de los expedientes microfilmados de esta institución. “Ya la semana pasada los recibimos y al igual que las solicitudes de los estudiantes, por esto tenemos una persona encargada de suministrar estos documentos.”
“Los cierres de las instituciones a nivel reglamentario no está desprovistos, debe haber una transición ordenada y esos récords terminan con nosotros porque no se pueden afectar los estudiantes.”
Estas expresiones fueron vertidas en vista pública de la Comisión Senatorial en torno a la Resolución del Senado 41, el cual investiga al CEPR. La Comisión citará a la división de licenciamiento y a varias “escuelas aceleradas” el próximo 5 de mayo.
