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La senadora por el distrito Mayagüez-Aguadilla, Mari Tere González, reveló la realidad de los estudiantes de escuela pública con la condición de dislexia, como parte de los trabajos que lleva la Comisión de Educación, Formación y Desarrollo del Individuo, durante una vista senatorial. «La realidad que vivimos en Puerto Rico es que el 34% de los estudiantes del sistema público de enseñanza está registrado en el Programa de Educación Especial, pero no existe un registro particular en cuanto a la cantidad de alumnos con dicha condición», explicó la senadora.
La dislexia se define como una dificultad de aprendizaje común que puede causar problemas con la lectura, la escritura y la ortografía, según datos oficiales de la Asociación Puertorriqueña de Dislexia. Es una «dificultad de aprendizaje específica», lo que significa que causa problemas con ciertas habilidades utilizadas para el aprendizaje, como la lectura y la escritura. A diferencia de un problema de aprendizaje, la inteligencia no se ve afectada.
Una ponencia de la secretario del Departamento de Educación (DE), Prof. Rafael Román, especificó que los estudiantes diagnosticados con dislexia son elegibles para la clasificación de Problemas Específicos de Aprendizaje (PEA). Bajo esa clasificación, en el año 2010 habían registrados 62,749 estudiantes, cantidad que ha ido mermando hasta el año 2014, cuando se registraron 51,221 estudiantes. «Los servicios que ofrecemos no se prestan únicamente por el diagnóstico particular que tenga el menor, sino por las necesidades académicas que presentan», expuso Román.
Los signos de la dislexia generalmente se hacen evidentes cuando un niño comienza la escuela y comienza a centrarse más en aprender a leer y escribir. Una persona con dislexia puede: leer y escribir muy despacio, confundir el orden de las letras en las palabras, poner letras al revés – como escribir «b» en lugar de «d», tienen mala ortografía o inconsistente, entre otras dificultades.
Por otro lado, la Asociación Puertorriqueña de Dislexia (APD), representada por su presidenta Jeannette Alicea Fernández, expuso mediante ponencia que «la realidad es que en Puerto Rico existe un desconocimiento a nivel gubernamental, educativo y poblacional sobre la seriedad y las consecuencias que conlleva la intervención tardía del trastorno de la dislexia». Alicea, quien es paramédico licenciada, fundó la agrupación en el año 2010, luego de conocer la condición en su propia hija. Desde ese momento, se ha dedicado a estudiar el tema desde el ángulo neurológico en las fases del aprendizaje. Alicea presentó a la Comisión unos datos de la (APD) donde exponen que en el año escolar 2014-2015, de una matrícula de 414,283 estudiantes, 129,086 están registrados en Educación Especial (31%). De ese total, 114,747 tienen carácter de dislexia.
Ante estos datos, la senadora González determinó que el tema de la dislexia requiere una investigación más profunda por parte de la Comisión, con el propósito de lograr propuestas que lleven a ofrecer un servició óptimo a estos estudiantes. «Por un lado el DE dice que oficialmente no hay un registro particular de estudiantes con dislexia, pero la APD presenta unas cifras a la Comisión. Definitivamente tenemos que buscar la manera de censar estos casos con certeza. Lo mismo nos está pasando con la población sorda de Puerto Rico, donde no tenemos una cantidad certificada de ciudadanos con esa condición. Para poder trazar un plan a largo plazo, tenemos que tener datos exactos. Nuestro compromiso es atender este tema con premura», finalizó la legisladora.
