El licenciado Orlando José Aponte Rosario, quien sometió una demanda contra Henry Escalera, en calidad de comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico asegurando que la asignación de escoltas a Ricardo Rosselló es un acto ilegal, informó que su reclamo será evaluado por el Juez Anthony Cuevas Ramos, quien fijó vista para el martes, 9 de septiembre de 2019 en la Sala Superior de San Juan. «La asignación de escoltas a Ricardo Rosselló, con cargos al contribuyente puertorriqueño es un acto claramente ilegal y eso lo vamos a probar de manera contundente», aseguró Aponte. La vista está fijada para las 2:00 de la tarde en la sala 904.
El abogado barranquiteño argumentó que «no estamos hablando solamente de las escoltas que estamos pagando en Estados Unidos desde la renuncia de Rosselló el 2 de agosto de 2019. Es que tampoco tiene derecho aunque viviendo aquí en la Isla. Son mas de 8 agentes, sargentos y supervisores, sumado a gastos de hotel, transportación, horas extras, etc. Eso le cuesta decenas de miles de dólares al pueblo, cuando precisamente nos cerraron cuarteles de la Policía en comunidades pobres porque supuestamente no habían fondos», añadió Aponte Rosario. Uno de los cuarteles cerrados en el 2018 fue en el Barrio Hayales de Coamo, que además servía a ciudadanos de Barranquitas, Aibonito y Orocovis. La orden del cierre de dicho cuartel vino del ex Secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera y la ejecutó el actual comisionado de la Policía, Henry Escalera.
El letrado añadió que cuando una persona renuncia como Gobernador, de igual manera renuncia a los derechos y privilegios inherentes al cargo, como hizo Rosselló. A juicio de Aponte, al declararse inconstitucional la juramentación de Pedro Pierluisi como Gobernador, todas sus decisiones son nulas, incluyendo la designación de varios agentes para brindar seguridad a Rosselló.
De ordinario, el gobierno no otorga servicios de escoltas a los exgobernadores que se encuentren fuera de Puerto Rico. De acuerdo con la demanda, esto está contenido en la Orden General de la Policía de Puerto Rico, documento que establece los parámetros para que la Oficina de Seguridad y Protección provea escolta a los funcionarios de alta jerarquía del que han sido autorizados por el Superintendente (ahora Comisionado). De acuerdo al recurso legal, en esas normas se expresa categóricamente que: «No se proveerá escolta fuera de la jurisdicción de Puerto Rico».
El pasado 19 de agosto, la Gobernadora Wanda Vázquez Garced fue cuestionada por la prensa sobre ese tema y declaró que «las escoltas de Rosselló fueron autorizadas por Pierluisi por un periodo de 30 días. Tan pronto venzan esos 30 días no hay más escoltas», en una actividad en una biblioteca de una escuela en San Juan. No quedó claro si la cancelación de escoltas es en EstadosUnidos o si incluye Puerto Rico.
