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La serie de multas que la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) ha impuesto al Municipio de Guaynabo y que totalizan $30,000, «debería pagarla Héctor O’Neill como alcalde y no los contribuyentes de Guaynabo», declaró el presidente del Partido Popular Democrático (PPD) en Guaynabo, Ricardo ‘Richie’ Vicéns Salgado.
«Poco y tarde ha sido el trabajo de la OPM en este asunto. La gente en la calle se cuestiona cuál es el propósito de imponer unas multas que en nada afectan a quien cometió la crasa negligencia en el cumplimiento de la promoción de políticas contra el hostigamiento sexual en el lugar de empleo y la violencia doméstica», abundó Vicéns.
La pasada semana, la Procuradora de la Mujeres, Ileana Aymat Ríos, anunció que luego de una investigación de esa dependencia, es el Municipio y no el Alcalde el merecedor de la multa máxima que se puede otorgar bajo la ley. «La investigación que realizó la Oficina de la Procuradora de las Mujeres encontró que existe una negligencia significativa en el Municipio de Guaynabo en lo que respecta a la promoción de la política contra el hostigamiento sexual en el lugar de empleo. Prácticamente ninguna dependencia municipal cumple con la ley en este respecto, un elemento tan básico para cualquier patrono, público o privado, que pretende desalentar esta práctica», expresó Aymat Ríos.
«Peor aún, la propia Aymat aseguró ante los medios que durante la investigación de la OPM el acceso a la información y a las dependencias que compone el municipio fue controlado por el Director de Recursos Humanos del Municipio de Guaynabo y que el acceso fue restringido en las áreas específicas de la Oficina del Alcalde y la Oficina de la Primera Dama. ¿Alguien tiene alguna duda del caos que hay en el Municipio de Guaynabo?», dramatize el líder popular guaynabeño. «Por alguna razón que nunca se especificó, el acceso a la oficina de Hector O’Neill fue denegado al igual que el acceso a la Oficina de la Primera Dama. Esto se suma a las prácticas dilatorias y deliberadas exhibidas por el encargado municipal que se supone colaborara con nuestra investigación», indicó ayer la procuradora Aymat Ríos.
