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El alcalde Roberto «Bobby» Ramírez Kurtz informó que su administración municipal se ve imposibilitado de renovar el contrato a 46 empleados transitorios e irregulares, debido a las imposiciones y recortes del Gobierno Central, las corporaciones públicas y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), las cuales provocaron una reducción de $3.5 millones en el presupuesto operacional vigente del municipio.
«Estas imposiciones y recortes están desangrando las arcas del gobierno municipal de Cabo Rojo y, aunque hemos tomado medidas drásticas de reducción de gastos y economías para mantener la prestación de servicios esenciales a la ciudadanía, no podremos renovar los contratos a estos compañeros de labores efectivo mañana jueves 31 de agosto de 2017», expresó Ramírez Kurtz.
El Primer Ejecutivo caborrojeño destacó que «debido a los recortes de fondos e imposiciones antes mencionados, debemos continuar tomando rigurosas medidas para evitar el cierre del municipio en enero de 2018 por falta de fondos para pagar la nómina de los empleados». A modo de ejemplo mencionó que el Gobierno Central y las corporaciones públicas no le han renovado al municipio los acuerdos de servicios y mantenimiento que, a su vez, son prestados por los empleados irregulares y transitorios cuyos contratos no serán renovados.
Entre las medidas de austeridad implantadas por la administración caborrojeña figuran la reducción en el salario del Alcalde, de 10% en los sueldos del personal de confianza, en la jornada laboral de los empleados municipales y de un 60% en los contratos de servicios profesionales; otras rigurosas medidas en reducción de gastos como la suspensión de reclutamiento, la eliminación de las Fiestas Patronales que costaban unos $60,000 y traslados de operaciones. De igual modo, se han implantado sistemas creativos para aumentar los recaudos del municipio.
Ramírez Kurtz sostuvo que «acciones y decisiones difíciles que le correspondía al Estado enfrentar, han sido pasadas a los municipios. La crisis que creó el Gobierno Central ahora termina siendo cubierta con los recursos que pertenecen a los municipios. Si le devolvieran a Cabo Rojo los $5,182,574 que han arrebatado de nuestro presupuesto, no habría necesidad alguna de tomar las medidas que hemos sido obligados a imponer.
El Alcalde afirmó que «el Gobierno Central y la Legislatura Estatal han decidido que los recursos del Municipio de Cabo Rojo deben ser utilizados para cubrir la crisis del Estado en lugar de permitirnos usarlos para reponernos de nuestra propia crisis. Las imposiciones mandatorias para este año fiscal, lejos de dirigirnos a fortalecer nuestras finanzas, nos arrebatan los pocos recursos municipales con los cuales contábamos».
Denunció que al Gobierno Central y la Legislatura Estatal no les importaron las consecuencias que sus acciones provocaron en nuestro pueblo, los ciudadanos, los empleados municipales. «Nos quieren imputar que los ajustes de austeridad en los 78 municipios son culpa de los alcaldes. Quieren que seamos nosotros los que paguemos los platos rotos. Pero fue la Fortaleza y la Legislatura Estatal quienes en los pasados cinco años se han dedicado a destruir las finanzas de los municipios», puntualizó el Alcalde.
Advirtió que «el camino continúa siendo difícil para todos, el sufrimiento y la desesperación están constantemente tocando a nuestra puerta, a veces sentimos que la esperanza se pierde en la distancia, pero nuestra ciudad y nuestra gente merece que continuemos unidos y en pie de lucha. Sigo convencido de que Cabo Rojo tiene lo necesario para reponerse.»
