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El Presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR), Ing. Pablo Vázquez Ruiz, se manifestó en relación a la radicación por el representante a la Cámara, José Aponte Hernández de un paquete de medidas que busca eliminar la colegiación compulsoria en sobre 25 profesiones.
“No vemos de qué forma este paquete de medidas vaya a hacer justicia a miles de profesionales, y menos aún cómo tendrán justicia los miles de ciudadanos que reciben servicios de estos profesionales”, dijo el Presidente.
Las expresiones públicas del Representante mencionan a profesionales con “título, licencias, certificaciones y bajo un ente regulador”, por lo cual no debe estar en discusión la importancia de obtener un certificado o una licencia profesional. Sin embargo, se pretende vulnerar organizaciones que precisamente vigilan por calidad, la competencia continua y la ética profesional en la prestación de servicios por estos profesionales. Al eliminar la colegiación compulsoria, el Estado tendría que reasumir obligaciones vitales que delegó en nosotros para asistir en la supervisión de esas prácticas y transferiría toda la carga a las Juntas Examinadoras del Estado, que apenas cuentan con recursos para hacerlo. “Una vez más se despojaría al ciudadano de mecanismos para que se atiendan sus querellas y sus problemas, no solo con colegiados, sino con personas que se hacen pasar por ingenieros y agrimensores y timan a los ciudadanos sin asumir ningún tipo de responsabilidad profesional. Peor aún, se nos privaría de nuestra capacidad para velar por la seguridad y el bienestar de nuestros colegiados y el de los ciudadanos. Estos aspectos han constituido el interés gubernamental apremiante para la creación de nuestro Colegio”, añadió Vázquez.
Una determinación de este tipo le impediría el adecuado descargue de las funciones públicas para las cuales fuimos creados, todo en directo perjuicio al interés público. Por delegación expresa de ley, le corresponde al CIAPR velar por el comportamiento ético de los ingenieros y los agrimensores y hacer valer su cumplimiento con los
hacer valer su cumplimiento con los cánones de ética. El récord sobre esta responsabilidad habla por sí solo. De igual forma, la Junta Examinadora de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico delegó al CIAPR la función de implementar y administrar el programa de educación continua para las profesiones de la ingeniería y la agrimensura en Puerto Rico. De no haber una colegiación compulsoria, el Colegio no puede supervisar la práctica de sus colegiados y vigilar por el ejercicio ético y la excelencia en el servicio que le rinden los profesionales a la ciudadanía. Al argumento de que basta con una licencia se derrota con solo pensar que el Gobierno, a través de su Junta Examinadora, tiene la capacidad de regular el ejercicio profesional de cerca de 9,500 ingenieros y agrimensores en Puerto Rico.
El costo que conlleva el descargue de estas funciones, todas esencialmente de naturaleza pública, las sufraga exclusivamente el CIAPR, todo sin la necesidad de erogación de fondos públicos. Con la situación económica que confronta el gobierno, entendemos que no será posible que organismos públicos puedan cumplir esta función con la eficacia, compromiso y responsabilidad que el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico lo ha hecho por los pasados 80 años.
“Hubiésemos preferido que se desistiera de estas intenciones y para eso acudimos ante el legislador. Pero al haberse radicado el paquete de medidas, consideramos imperativo que se nos dé la oportunidad de expresarnos mediante vistas públicas, donde demostraríamos nuevamente al país la importancia, y lo esencial de la colegiación compulsoria de nuestros profesionales y el grave error que sería el eliminarla”, concluyó Vázquez Ruiz.
