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Ante los recortes presupuestarios que ha sufrido la Universidad de Puerto Rico (UPR), desde la implementación de la Ley 66-2014, y los recortes en las partidas especiales a fondos de becas para este año. La UPR se encuentra en un estado fiscal precario y se ven amenazados la continuidad de los servicios universitarios a nuestros estudiantes. Con esto en mente, el representante Manuel Natal Albelo radicó una resolución para ordenar a la Comisión de Asuntos Municipales y Regionalización de la Cámara de Representantes a realizar una investigación sobre la contratación de servicios de adiestramiento a bajo costo por parte de los municipios con la UPR, la Oficina Central de Asesoramiento Laboral y Administración de Recursos Humanos (OCALAR), y la certificación municipal para dispensar en la contratación privada.
«Ante los tiempos de grandes retos que enfrenta tanto el Gobierno, en su función administrativa, como el individuo, en sus finanzas y administración personal, la Asamblea Legislativa limitó por legislación la contratación de entidades privadas para la ejecución de servicios de adiestramiento hasta que se certifique por la autoridad municipal competente que no existen empleados o funcionarios del municipio calificados por la UPR o la OCALAR que puedan ofrecer los servicios requeridos», destacó Natal Albelo.
El representante añadió que «es nuestro deber ministerial asegurar la más cabal y minuciosa aplicación y cumplimiento de la Ley en aras de mantener un adecuado balance de controles fiscales sobre los fondos públicos mientras se fomenta la mejor capacitación y adiestramiento profesional de los empleados públicos».
«En lo que va de cuatrienio, diferentes municipios han contratado más de $98 millones por concepto de adiestramiento y orientación. Resulta esencial saber si la UPR ha recibido esta consideración preferente y si se han producido las dispensas correspondientes para justificar que no se le haya contratado para proveer estos servicios», puntualizó Natal Albelo.
La UPR tiene una herramienta a su disposición para obtener mayores ingresos sin acudir a recortes administrativos, ni aumentos en la matrícula, ya que la Ley de Municipios Autónomos le da turno preferente en la contratación para adiestramiento y orientación.
Recientemente ha surgido que los oficiales administrativos de la Universidad están solicitando a los recintos que ensayen un recorte adicional de 10 por ciento. Además, la UPR se encuentra bajo lupa fiscal del Departamento de Educación, y entre las medidas que tomaría el Departamento de Educación federal se ha comentado la posibilidad de que la UPR entre a participar de sus fondos federales a través de un sistema de reembolsos. «Esto provocará una crisis de liquidez para la UPR», indicó.
