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El Senado aprobó hoy con 17 votos a favor y ocho en contra, el Proyecto del Senado 353, de la autoría de Rivera Schatz, que autoriza la venta, cesión y administración de las instalaciones de servicios de salud del Estado a corporaciones especializadas. Así, brindar tales servicios siempre que las mismas tengan 10 años o mas ofreciendo servicios de salud en Puerto Rico y que hayan demostrado su capacidad financiera y administrativa.
El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, defendió enérgicamente la medida que fue respaldada, según dijo, por alcaldes del Partido Popular Democrático (PPD) en particular el de Yabucoa, de Trujillo Alto y el Secretario del Departamento de Salud (DS), Rafael Rodríguez Mercado, mediante un memorial explicativo el 15 de mayo de este año. Asimismo, criticó que la delegación de minoría no presente propuestas de salud que permitan subsanar la economía de los municipios “La opción del PPD es no hacer nada sin alternativas, sin propuestas y sin sugerencias”, dijo.
“Alcaldes del PPD legítimamente preocupados son los que han venidos principalmente a plantear esta situación. Parece que la delegación del PPD todavía tiene problemas de comunicación con los alcaldes tal y como pasaba el cuatrienio pasado. Ninguna transacción del gobierno es un cheque en blanco y todas las transacciones a nivel municipal, que tampoco están bajo la lupa de la Junta de Control Fiscal (JCF) tampoco están exentas y no son un cheque en blanco. Es el intento de tener una instalación de salud, abierta y operando de quien pueda y tenga 10 años y opere en Puerto Rico”.
En su defensa de 20 minutos, el presidente del Senado recordó que en enero de 2013 la delegación de minoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) del Senado radicó la Resolución Conjunta del Senado 11 para elevar el derecho a la salud a rango constitucional pero la medida recibió un informe negativo. “El derecho a la salud no debe ser de rango constitucional según los compañeros de la delegación del PPD….Ojalá tuviéramos mentes creativas pero me preocupo de las que son paranoicas, no son creativas y no hacen nada por nadie”.
Ante denuncias del senador independentista Juan Dalmau sobre la aplicabilidad del Título 3 de la Ley Promesa, Rivera Schatz destacó que el alcance de dicha disposición federal no aplica al gobierno general sino a las corporaciones pero reiteró “me importa un pito la JCF. Que hagan lo que quieran pero no voy a hacer lo que hace el PPD que es oponerse a todo sin propuestas”.
El titular del DS en su memorial explicativo expresó que “durante los años 2009-2012, el DS traspasó varios CDT’s a Municipios, mediante Resolución Conjunta. Este proceso ha redundado en mayores beneficios a los residentes de los mismos, ya que al ser el Municipio el responsable de los servicios de salud, el Alcalde con su personal administrativo se aseguran que los mismos sean unos de calidad. Cabe señalar que los Municipios que adquirieron los CDT’s traspasados, han contratado Corporaciones de Servicios de Salud experimentadas para la administración de los mismos,” siendo esta la razón principal de su endoso a la medida.
“No nos podemos quedar cruzados de brazos mientras la salud de nuestra gente se pone en riesgo con la excusa de que no tenemos los recursos en el Gobierno,” resaltó el Portavoz de la Mayoría, Carmelo Ríos Santiago en relación a la responsabilidad de la Asamblea Legislativa.
“Las circunstancias del Puerto Rico de hoy, son muy distintas a las existentes en el momento en que fue aprobada la Ley 3–2003, según enmendada. Como cuestión de hecho, la crisis económica ha limitado los recursos del gobierno, al punto de que enfrentamos un déficit presupuestario histórico y una recesión económica que inició en el año 2006 con el cierre de gobierno,” detalló el autor de la medida en la Exposición de Motivos.
Asimismo, explicó que como consecuencia directa, el Estado no cuenta con recursos suficientes para cumplir con todas las responsabilidades económicas que tiene, tales como el pago de la deuda, la construcción de proyectos de infraestructura, mejoras y administración de instalaciones del Estado, por mencionar algunas.
