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Investigar la cobertura del sistema de disparos ‘Shot Spotter’ a raíz de las detonaciones que asustaron a niños de kindergarden de la escuela del residencial Villa Hermosa y estudiar los programas de rehabilitación de drogas a los que se envian pacientes en Estados Unidos y Puerto Rico, fueron parte de los asuntos que el Senado atendió en la Sesión de hoy mediante la aprobación de las Resoluciones 94 y 95, respectivamente. Las medidas fueron aprobadas unanimemente con 27 votos a favor.
La Resolución del Senado 94, presentada por los senadores Henry Neumann Zayas y Zoé Laboy Alvarado, solicita a la Comisión de Seguridad Pública realizar una investigación abarcadora sobre, el programa y sistema de detección de disparos “Shot Spotter”, con el fin de estudiar su funcionamiento y la necesidad de atemperar dicho programa a los requerimientos reales en áreas de alta incidencia criminal.
‘Shot Spotter’ es un sistema que ayuda al esclarecimiento de casos porque emite una alerta con la ubicación de donde ocurrieron los disparos y la cantidad de detonaciones. También, presenta datos sobre si fue utilizada más de un arma y sirve como herramienta de desarrollo en los planes de trabajo de las agencias de seguridad pública.
“El sistema ‘Shot Spotter’ no captó la ráfaga de disparos que se sintieron ese día. Nos preguntamos si hay ‘Shot Spotter’ a través de San Juan, Bayamón, Trujillo Alto, Cayey, Carolina y Caguas ¿cómo es posible que no hubiese uno de estas herramientas tecnológicas para captar los disparos y para que la policía pueda reaccionar inmediatamente? ¿cómo no había en ese momento uno que estuviera en funciones en el residencial Vista Hermosa? Si hay un lugar en San Juan dónde debería de haber un ‘Shot Spotter’ es en esa área específicamente”, declaró Neumann Zayas al deponer sobre la medida en el Hemiciclo.
Por otra parte, el Senado avaló la Resolución del Senado 95, de la autoría de los senadores Carmelo Ríos Santiago, Rossana López León y Ángel Martínez Santiago, ordena a las Comisiones de Bienestar Social y Asuntos de la Familia; y para el Desarrollo de Iniciativas Comunitarias investigar los programas del Gobierno como ‘De Vuelta a la Vida’ y los programas de rehabilitación en Estados Unidos a los que el Gobierno de la Isla envía a aquellas personas adictas a sustancias controladas, el proceso de coordinación con estos programas, su efectividad, el número de personas que han sido enviadas a Estados Unidos. También, el seguimiento que se les da y la razón para enviar fuera de Puerto Rico a estas personas, así como identificar fondos utilizados para financiar la transportación a otros estados.
Ante esta Resolución, el senador José Vargas Vidot, quien se ha destacado por trabajar con esta comunidad destacó la importancia de implementar un plan nacional a estos fines. “Hasta dónde debe de llegar el umbral del dolor, de la verguenza y de la moral en nuestros corazones e intelecto para que empezemos a trabajar directamente con cosas genuinamente cotidianas y dolorosas. Esto es un llamado. Para mí esta Resolución es un pie forzado para que entendamos lo necesario que es para el País no postergar un momento, mas atender el problema de las adicciones de una forma seria, humana, sensible en que nos propongamos un plan de abordaje nacional de tal manera que ya no sigamos contestando de crisis en crisis”.
Vargas Vidot añadió que en el 2015 el Departamento de Justicia no encontró irregularidades en el programa ‘De Vuelta a la Vida’ y destacó que este programa “se ha ganado el respeto y apoyo de las instituciones sin fines de lucro. Son una vía para que una persona llegue de un lugar hasta otro porque el Gobierno se ha olvidado de esas 185 mil personas (con problemas importantes de inyección)”. En su alocución el senador comentó que cerca del 63 porciento de las personas que se atienden por aparentes problemas de adicción presentan diagnósticos concurrentes.
Ríos Santiago aclaró que la Resolución “no hecha culpas a nadie…pero este Senado va actuar”. De hecho, informó que en los próximos días pretende participar de una vista pública oficial del estado de Pennsylvania ante la situación que afecta a los puertorriqueños que desearon participar de estos programas pero fueron timados y se encuentran viviendo en condiciones infrahumanas por culpa de “personas inescrupulosas que se aprovecharon de ellos”. Incluso, hay mujeres que son utilizadas en la trata humana. “Es meritorio que detengamos esta practica que aunque pareceria un cuento de horror no lo es. Estamos hablando de puertorriqueños que salen de aqui que ven en el gobierno la unica opción para salir de esto y desafortunadamente le hemos fallado. Esto no es una Resolución más esto es una misión del Senado”.
Ríos Santiago explicó que una vez las personas son referidas por comunidades de fe, algunas instituciones sin fines de lucro, municipios, entre otros llegan a Filadelfia para buscar ayuda. Una vez llegan allí se les da una identificación, llenan los papeles de ayuda financiera, alegadamente les consiguen trabajo y acuden a casas no aprobadas por el estado en donde se les despoja de su identificación. Una vez tienen su identificación los recipientes de esa aportación del estado, que se supone que sea la persona, la recibe el que administra la casa. No son centros. El senador Ríos Santiago detalló que allí hacinan entre 10 y 12 personas por cuarto pero la administración de esa casa “es quien recibe las ayudas del estado y muchos de ellos no tienen el tratamiento prometido para poderlos sacar de la enfermedad de la droga…Hay más de 200 puertorriqueños viviendo debajo de un Puente que fueron con la intención de curarse y que una vez los exprimieron en esas casas, que muchas de ellas no tienen permisos por el estado, no tienen donde ir porque no tienen pasaje de vuelta”
Por su parte, la senadora Rossana López León comentó que en el 2015 comenzó a trabajar una investigación similar y que una historia similar a la de Filadelfia se vive en Chicago. “Tenemos que saber cual es el seguimiento, quienes son los que cualifican, dónde pueden ser enviados estas personas y cómo se les da seguimiento”.
Se estima que en la última década sobre 700 puertorriqueños han salido de la Isla en busca de programas de rehabilitación. Recientemente ha trascendido en la prensa que muchos de los centros que ofrecen estos programas no están debidamente certificados y que las personas enviadas no son presentadas con la realidad de estos programas que en muchas ocasiones termina sumergiéndoles aún más en las drogas.
En muchos de los casos se topan con programas informales de tratamiento de drogadicción o alcoholismo donde los adictos duermen, comen y no pueden salir durante los primeros tres meses. Luego de esto, están obligados a conseguir empleo y pagar tarifas semanales que fluctúan dependiendo del grupo. Hay alegaciones de que en estos centros se confiscan los documentos personales de los pacientes además de cualquier beneficio que reciban de Medicaid o el Seguro Social.
A principios de este año, trascendió en un programa televisivo que en Puerto Rico existen diversos programas de rehabilitación manejados por diferentes agencias gubernamentales, tales como el programa ‘De Vuelta a la Vida’ que maneja la Policía.
Como parte de sus servicios envian a personas adictas a sustancias a centros en diferentes ciudades de Estados Unidos. Sin embargo, entre el 2014 y 2015 profesionales de la salud circularon cartas a los 78 alcaldes informándoles sobre los aparentes patrones de abuso y maltrato a los que son sometidos los puertorriqueños en centros de rehabilitación no regulados. Una de esas advertencias fue hecha en el 2014 por el doctor Angel González, asesor de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMSCA).
En otros temas, también se aprobó la Resolución del Senado 105, radicada por el senador Larry Seilhamer Rodríguez, ordena a la Comisión de Revitalización Social y Económica estudiar el cumplimiento y efectividad de la Ley Núm. 109 de 12 de julio de 1985, según enmendada, que exige el uso de materiales de construcción manufacturados en Puerto Rico. Esto con el fin de identificar aquellas acciones administrativas y legislativas que sean necesarias y convenientes para garantizar que se cumpla con los propósitos para la cual fue creada.
Por último, fue avalada la Resolución del Senado 106, presentada por la senadora Evelyn Vázquez Nieves que solicita a la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, estudiar y analizar las medidas que ha tomado el Gobierno de Puerto Rico, para atender la precaria situación de la Carretera PR-111, llamada por muchos como la “Ruta de la Muerte”; para determinar la eficacia de los mecanismos legislativos y actuaciones del estado previos, para evaluar su impacto en la seguridad de los ciudadanos del área oeste; y cómo ha afectado su condición al desarrollo socio-económico del oeste de Puerto Rico.
