El Senado aprobó hoy el Proyecto del Senado 1175 para requerirle a los médicos que discutan con sus pacientes los riesgos asociados al consumo de fármacos basados en opioides, antes de recetarles los mismos para reducir el dolor después de una cirugía o haber sufrido una lesión grave. También, pueden ser recetados cuando se presenta un dolor severo por problemas de salud como el cáncer.
Sin embargo, los llamados opioides, que son analgésicos recetados como oxicodona, hidrocodona, fentanilo y tramadol, pueden causar efectos secundarios como somnolencia, niebla mental, náuseas, estreñimiento y respiración lenta lo que puede conducir a muertes por sobredosis. De hecho, la droga ilegal heroína también es considerada como un opioide.
El Proyecto senatorial, de la autoría del senador y doctor Carlos Rodríguez Mateo, ordena, entre otras cosas, que el médico incluya en el registro médico del paciente una nota en la que se indique que el paciente/padre o tutor han discutido los riesgos potenciales a la salud y los tratamientos alternativos que puedan estar disponibles. También, que el médico deberá entregarles un documento firmado por todas las partes por concepto de consentimiento informado.
Luego de emitir una prescripción de un medicamento opioide en un curso de tratamiento, dentro de los tres meses posteriores, el médico deberá investigar y evaluar el manejo y uso del medicamento con el paciente/padre-/ tutor a los fines de determinar su uso adecuado conforme a la receta médica.
Para Rodríguez Mateo el abuso de los opioides en Estados Unidos y Puerto Rico constituye una “crisis de salud pública”. “Este Proyecto viene a hacer un frente común porque se reconoce que la primera puerta de entrada al uso y abuso de los opioides muchas veces, es la primera prescripción que hace un médico a un paciente”.
El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) estimó que, en Estados Unidos, país en el que en el 2015 fallecieron más de 33 mil personas por sobredosis de opioides (incluyendo los recetados), la carga económica derivada del abuso de estos medicamentos recetados es $78,500 millones anuales incluyendo los costos de atención médica, la pérdida de productividad, el tratamiento de la adicción y los costos de intervención de la justicia penal.
En Puerto Rico en el 2017, según Rodríguez Mateo, hubo más de 600 casos de sobredosis de opioides y las muertes asociadas fueron más de 60.
La pieza legislativa fue favorecida por el Colegio de Médicos Cirujanos, el Departamento de Salud, la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) y el Departamento de Justicia. De hecho, el año pasado la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, demandó a un fabricante de medicamentos por allegadamente incumplir sus obligaciones legales lo que redundó en una epidemia de adicción a opiáceos.
