La iniciativa de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico de ponerle presión al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) para que no se colabore con la Junta de Control Fiscal (JCF) en su intento de recortar beneficios y aumentar la carga a los 78 municipios, tuvo un efecto inmediato en tarde de ayer. Y es que en la reunión de la Junta del CRIM, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, propuso al ente municipalista que no entregue documentación a la JCF hasta que se detenga la práctica de atentar contra los recursos de los municipios.
La resolución de Cruz Soto fue aprobada por unanimidad por la Junta del CRIM, compuesta tanto por alcaldes electos por el Partido Popular Democrático (PPD) como por alcaldes del Partido Nuevo Progresista (PNP). «Agradezco a la compañera alcaldesa de San Juan su valiente iniciativa y también a los miembros de la Junta del CRIM por defender los empleos municipales y ante todo, los servicios a nuestros ciudadanos», expresó José ‘Joe’ Román Abreu, presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico.
Román Abreu recordó además la importancia de impulsar el desarrollo económico. Todo el mundo está claro que lo que necesita Puerto Rico es invertir en su reconstrucción y en desarrollo económico. Con los recortes que están haciendo la administración Rosselló y la Junta de Control Fiscal, están logrando todo lo contrario. Nosotros estamos claros: a favor del pueblo y en contra de la Junta y sus intereses».
El también alcalde de San Lorenzo apuntó que los recortes presupuestarios propuestos podrían provocar que al menos 40 municipios tengan que despedir a miles de funcionarios, lo que agravaría la crisis fiscal de Puerto Rico. «Rosselló ha asegurado que el Gobierno cuenta con $6,000 millones en caja, pues que le devuelva a los municipios los $350 millones que le ha quitado. ¿Rosselló y la Junta quieren fomentar el desarrollo económico?, pues vamos a iniciar por ahí».
El grupo de alcaldes asociados habían señalado ayer que las decisiones fiscales tienen que ser consultadas con todos los alcaldes, más allá de los que sean miembros de la Junta del CRIM o no. «Esta es una responsabilidad muy grande, y los 78 alcaldes tienen que estar al tanto. Estamos en una situación muy crítica para Puerto Rico y la crisis fiscal y económica no se va a solucionar restándole recursos a la gente», apuntó el líder municipalista.
Por otro lado, la Junta de Control Fiscal certificó un presupuesto de $20,209 millones para el año 2019-2020 que pone en aprietos a los municipios, ya que no redirige recursos para la ejecución de Ley 29-2019, que precisamente se denomina ‘Reducción de las Cargas Administrativas de los Municipios’. Este Ley exime del pago al plan de salud de sus empleados y de las pensiones, bajo el mecanismo conocido como «PayGo», y coloca esa responsabilidad en el gobierno central. «Esa decisión afectará a todos los 78 municipios y no es justo que Rosselló haya firmado la Ley 29 y que no se honre. El gobierno central tiene que cumplir con su responsabilidad», finalizó Román Abreu.
